
La Cámara de Diputados de Paraguay rechazó este martes, con el respaldo mayoritario del oficialismo, un proyecto de ley que habilitaba el derribo de aeronaves para combatir el tráfico ilícito de drogas y promovía el uso de los Super Tucanos adquiridos a Brasil.
Los legisladores oficialistas se opusieron principalmente a la propuesta del diputado opositor Rubén Rubín, según se observó en el debate transmitido por el canal oficial de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Raúl Latorre.
El rechazo al proyecto se alineó con la postura expresada previamente por el Gobierno, que considera innecesaria la aprobación para derribar aviones a fin de controlar el espacio aéreo con los Super Tucano, de los cuales cuatro arribaron a Paraguay el pasado 30 de junio.
El Ejecutivo liderado por Santiago Peña adquirió los Super Tucano para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero no contempla su uso para derribar aeronaves sospechosas.
Antes de la votación, Latorre resaltó en la red social X que la compra de los aviones brasileños apunta a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, destacando también el esfuerzo del país por “cumplir con los estándares del derecho internacional, conforme a lo establecido en la legislación actual”.

En esa misma red, la embajada de Estados Unidos expresó su apoyo a Paraguay por su “compromiso con la protección del espacio aéreo y adhesión a los estándares internacionales” dentro de una “colaboración en la lucha contra el crimen organizado”.
Durante el debate, el diputado Santiago Benítez argumentó que “derribar aviones supone matar, condenar a muerte” y afirmó que la Constitución Nacional “establece el derecho a la vida” y garantiza la presunción de inocencia en ausencia de una sentencia firme.
Rubín, quien impulsó el empleo de los Super Tucano, sostuvo que cada año ingresan a Paraguay “14.000 vuelos ilícitos” y afirmó que el país tiene “derecho a la legítima defensa”.
El diputado opositor Luis Franco defendió el uso de las nuevas aeronaves para proteger el espacio aéreo y señaló que su costo representaría el “golpe más grande al bolsillo de los paraguayos” si no se derriba “aunque sea un avión por mes”. Además, mencionó la existencia de “1.700 pistas ilegales” en el país.
Tras la conclusión del debate en la Cámara de Diputados, el senador opositor Eduardo Nakayama adelantó que presentará un nuevo proyecto de ley para autorizar el derribo de avionetas vinculadas al narcotráfico, estimando necesaria esa medida para combatir el crimen organizado.
Paraguay destinó 105 millones de dólares a la compra de seis aviones Super Tucano, de los cuales cuatro ya operan en el país y otros dos llegarán antes de fin de año.
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