El exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, habría recibido $50 mil de un intermediario por facilitar pagos relacionados con la compra de créditos fiscales, según los testimonios presentados por el Ministerio Público durante una audiencia judicial. El exdirectivo permanecerá detenido provisionalmente, mientras avanza la investigación de la operación Pandora.
La jueza de garantías Sandra Castillo legalizó su aprehensión y admitió la imputación por presunta corrupción privada y delincuencia organizada durante la audiencia del 6 de octubre. La decisión consideró la gravedad de los hechos, los riesgos de fuga y la posible afectación de pruebas, dentro de un expediente que investiga una lesión patrimonial superior a $40 millones.
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Uno de los principales señalamientos provino de Carlos Ferguson, identificado como intermediario en las operaciones investigadas, quien declaró que entregó al exejecutivo $50 mil en dos pagos realizados en estacionamientos de la iglesia El Santuario y de un edificio residencial de El Dorado. El dinero habría sido un agradecimiento por agilizar transacciones relacionadas con créditos fiscales.
La Fiscalía también presentó información de una investigación interna bancaria que permitió detectar la eliminación de 36 correos electrónicos relacionados con las operaciones cuestionadas. Entre las comunicaciones figuraban intercambios con Ferguson y sociedades que vendieron créditos al banco. La destrucción de evidencia fue considerada por la jueza al evaluar los riesgos procesales.
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La defensa sostuvo que Salgado no tenía responsabilidad exclusiva sobre la adquisición de esos instrumentos, debido a que las operaciones pasaban por las áreas Legal, Cumplimiento y la Gerencia General. Sus abogados argumentaron que los contratos eran firmados por el gerente general y que las verificaciones se realizaron utilizando información disponible en los registros oficiales de la DGI.
Salgado, quien percibía un salario mensual de $11 mil, ocupó su posición hasta septiembre de 2026. Durante la audiencia también se mencionaron transferencias de dinero desde sus cuentas hacia las de su madre, movimientos que la Fiscalía consideró relevantes para evaluar un eventual riesgo de evasión del proceso.
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La operación Pandora investiga una presunta red integrada por funcionarios de la DGI, particulares e intermediarios, que habría manipulado la plataforma e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales. Las investigaciones se remontan a hechos detectados desde 2024, mientras las diligencias del Ministerio Público comenzaron en 2025.
Los créditos fiscales son saldos reconocidos a favor de un contribuyente frente a la administración tributaria, que pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales cuando la normativa lo permite.
En este caso, la presunta organización alteraba registros tributarios para generar o apropiarse de saldos, posteriormente comercializados mediante sociedades intermediarias.
El 8 de julio de 2026, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron más de 25 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Las primeras actuaciones permitieron aprehender a funcionarios y particulares. Para septiembre, el expediente acumulaba 22 personas imputadas, antes de la incorporación del exdirectivo bancario.
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En agosto, BAC Panamá decidió incorporarse voluntariamente al proceso penal, con el propósito de aportar documentos y facilitar la trazabilidad de las operaciones investigadas.
La entidad sostuvo entonces que no había sido acusada penalmente y que su participación buscaba esclarecer las irregularidades detectadas en las certificaciones tributarias.
Tras la captura de Salgado, BAC reiteró que adquirió los créditos fiscales de manera lícita, basándose en certificaciones y validaciones oficiales de la DGI. También aseguró que la investigación no afecta los depósitos, la liquidez ni la solvencia de la institución, y que sus operaciones continúan desarrollándose normalmente.
La defensa del exejecutivo apeló la detención provisional, por lo que el Tribunal Superior de Apelaciones revisará la medida el próximo 27 de octubre. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa examinando la participación de funcionarios, intermediarios y sociedades en una investigación que busca determinar las responsabilidades por el presunto perjuicio millonario al Estado panameño.
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