El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica. Se trata de la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, cuyo objetivo, según el comunicado oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, es ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su estatus como áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales y grupos armados.
El proyecto reconoce que las áreas naturales del país —que suman más de siete millones de hectáreas y representan más del 60 % del territorio continental ecuatoriano— han sido vulneradas por actividades como la minería ilegal, la caza furtiva y el narcotráfico. Esto ha generado un impacto directo en la seguridad nacional, la economía y la conservación ambiental.
En ese contexto, el Gobierno propone abrir la gestión de estos territorios a la inversión privada nacional e internacional, bajo un régimen contractual que permita la intervención, administración y operación en actividades como turismo, investigación científica, servicios y protección ambiental, siempre reguladas por la autoridad ambiental.
La propuesta parte del diagnóstico de que la inversión pública destinada a la conservación ambiental ha sido limitada en los últimos años, debido al peso de la deuda pública, la crisis sanitaria y el conflicto armado interno. Según cifras citadas en la exposición de motivos del proyecto, en 2023 se invirtieron más de USD 492 millones en gestión ambiental y proyectos de desarrollo, pero esta inversión ha sido insuficiente para frenar el deterioro de las áreas protegidas. Además, se señala que muchos de estos territorios han sido utilizados por grupos armados para financiar actividades ilícitas.
El proyecto argumenta que el sistema nacional de áreas protegidas no solo debe ser conservado, sino también transformado en un motor económico para las comunidades aledañas, especialmente aquellas que enfrentan altos índices de pobreza. Se propone fomentar un modelo de turismo ecológico y comunitario que diversifique la economía local, genere empleo digno y promueva un desarrollo territorial sostenible.
En la propuesta legal se lee que “la finalidad de esta Ley es la conservación del patrimonio natural del país, promoviendo la inversión pública y privada en programas que fortalezcan la gestión de las Áreas Protegidas, la generación de empleo digno en las comunidades aledañas… y la seguridad de las mismas, evitando actividades ilegales o de economía criminal en sus territorios”.
La urgencia económica del proyecto se justifica, además, por la situación fiscal del país. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit presupuestario alcanzó los USD 726 millones en el primer trimestre de 2025. Frente a esta realidad, el Ejecutivo considera que es necesario crear un marco legal que facilite la inversión en las áreas protegidas, en tanto estas son consideradas sectores estratégicos según el artículo 313 de la Constitución.
El texto también busca cumplir con los requisitos definidos por la Corte Constitucional para los proyectos calificados como urgentes en materia económica. Entre estos requisitos están: la existencia de circunstancias apremiantes, la conexidad plausible entre la normativa propuesta y los hechos que la justifican, y los efectos económicos inmediatos derivados de su aplicación.
En cuanto a su articulado, el proyecto establece que las áreas protegidas podrán ser gestionadas directamente por el Estado o a través de contratos con el sector privado, ya sea nacional o internacional. Dichos contratos deberán tener una causa lícita, como la prestación de servicios turísticos o la protección ambiental, y estarán regulados por un reglamento específico que definirá sus condiciones. Los procedimientos de contratación podrán ser abiertos o por iniciativa privada, con un mecanismo de oposición pública. También se prevé que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas brinden seguridad en estos territorios, especialmente en zonas de difícil acceso.
Una disposición general adicional remite el 100 % de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos y multas relacionados con la infraestructura de puertos artesanales y facilidades pesqueras, con el objetivo de fomentar la pesca artesanal en áreas permitidas.
Según el Ejecutivo, la aprobación de esta ley permitiría establecer un modelo autosustentable de gestión de las áreas protegidas, que no solo proteja la biodiversidad, sino que también reactive sectores económicos como el turismo y la economía comunitaria en las regiones más vulnerables del país.
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