
Bolivia cerró una semana de bloqueos y enfrentamientos en la que al menos cuatro policías y dos civiles perdieron la vida. El origen de las protestas tiene que ver con la inhabilitación del ex presidente Evo Morales (2006-2019) para disputar los comicios del 17 de agosto, pero sus antecedentes se remontan a un par de años de atrás.
En paralelo, el Gobierno enfrenta un aumento de protestas sociales por la crisis económica que ha disparado los precios de la canasta familiar, que es cada vez menos asequible para las grandes mayorías, y ha provocado periodos prolongados de escasez de combustible, generando desesperación y malestar en la población.
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La agudización de la crisis y la radicalización de las manifestaciones de los partidarios de Morales han llevado al país a una situación de conflictos múltiples, en la que los pedidos de renuncia del presidente Luis Arce han sido frecuentes. Una cumbre realizada con las autoridades electorales, las cabezas de los poderes públicos y los candidatos que van a disputar los comicios determinó cerrar filas en favor de la celebración de las elecciones como válvula de resolución de los conflictos, lo que entre líneas supone un respaldo a la gestión de Arce, al menos hasta que llegue la hora de ir las urnas.
En esta cronología de cinco puntos, desengranamos el origen y la evolución del conflicto que genera inestabilidad en Bolivia.
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Disputa entre Arce y Morales
Los antecedentes recientes del conflicto tienen que ver con la disputa entre el ex presidente Morales y Luis Arce, su antiguo ministro de Economía y actual jefe de Estado. Poco después de que éste asumiera el Gobierno en noviembre de 2020, surgieron los primeros roces entre ambos líderes por diferencias sobre el rumbo del Gobierno y el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido hegemónico de los últimos 20 años, y la definición de la candidatura para las elecciones de este año.
El distanciamiento entre ambos se fue ensanchando con el pasar del tiempo. Las señales iniciaron con el entorpecimiento de la administración de Arce, porque una parte de la bancada legislativa respondía a Morales, y terminaron rebasando tanto los límites del partido como los canales institucionales. En septiembre del año pasado, la disputa se volcó a las calles: Morales lideró una marcha masiva de siete días contra el Gobierno y luego comandó bloqueos que duraron más de un mes para exigir su habilitación para participar en las elecciones y la ratificación de su liderazgo en el partido.
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Durante las protestas se abrieron varios juicios contra Morales y la Fiscalía reactivó una investigación por lo que siempre había sido, según confesión del presidente Arce, “un secreto a voces”: haber embarazado a una menor de edad durante su Presidencia. Este caso lo tiene actualmente atrincherado en su bastión cocalero al centro del país donde sus seguidores lo custodian para evitar su captura.

La Justicia ordena el caos interno
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es un organismo creado para velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, pero sus fallos pueden interpretarla arbitrariamente. Al no haber un acuerdo interno en el MAS, el TCP emitió en noviembre dos polémicas resoluciones: validó un congreso de los aliados de Arce para entregarles el control legal del partido y luego ratificó la inhabilitación de Morales al limitar el ejercicio de la Presidencia a solo dos periodos.
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De esa forma, Arce salió favorecido en términos jurídicos de la disputa con su antiguo jefe. Sin embargo, los fallos fueron ampliamente cuestionados por el evismo, quienes los consideran nulos e inconstitucionales, por la falta de legitimidad de los jueces firmantes.
Evo queda fuera de las elecciones
El nuevo escenario dejó al ex presidente inhabilitado para participar en las elecciones y sin partido político. En marzo creó una nueva fuerza política a la que puso su nombre: Evo Pueblo (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo). Sin embargo, a esta nueva organización le faltó tiempo para obtener personería jurídica y participar en la votación. Morales entonces formó una alianza con el frente Pan Bol (Partido de Acción Nacional Bolivia) que hasta hace poco estuvo en un tire y afloje judicial. Logró inscribirse para las elecciones y cuando anunció su alianza con el líder cocalero fue inhabilitado bajo un argumento jurídico pero aplicado de manera tardía.
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Si bien Morales estaba impedido de participar y esa es otra batalla jurídica, la exclusión de Pan Bol implica la exclusión del evismo como fuerza política, que ahora no tiene por donde canalizar de manera independiente su participación en las urnas.
Nuevas protestas y la reacción del Gobierno
Una vez vencido el plazo para el registro de candidaturas y con la anulación del evismo de la papeleta electoral bajo cualquier otra sigla, las manifestaciones se intensificaron. Sus partidarios intentaron forzar la candidatura del líder cocalero con marchas y amenazas a los vocales electorales. Bajo la consigna “Sin Evo no hay elecciones”, sus militantes más aguerridos advirtieron con boicotear el proceso si su líder no es candidato.
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El 2 de junio se iniciaron bloqueos de carreteras en varias regiones y algunos puntos se mantienen intransitables hasta este fin de semana, varios sectores denuncian pérdidas económicas millonarias. Según el Ministerio de la Presidencia, el daño supera los 800 millones de dólares.
El ministro de Justicia presentó una denuncia penal contra Morales por terrorismo y otros delitos, luego de que se difundiera un audio que se le atribuye -y que él niega- en el que supuestamente ordena cercar ciudades para ejecutar “la batalla final”.
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El Gobierno desplegó fuerzas policiales y militares para levantar piquetes, algunos de los cuales encontraron la resistencia de los movilizados y provocaron choques dejaron al menos seis muertos.
La confluencia de las protestas
Los evistas no son los únicos que están en pie de lucha en Bolivia. El país atraviesa una crisis económica que se exacerbó en el último mes con el aumento de los precios de la canasta familiar y la agudización de la escasez de combustible, que ha provocado filas interminables en las estaciones de servicio de todas las ciudades. La inflación interanual es la más alta de los últimos 30 años y el surgimiento de un mercado negro de divisas ha disparado el costo de vida.
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En ese marco, varios sectores se han manifestado contra la crisis. Algunos demandan combustible y exigen acciones inmediatas al Gobierno para contener el alza de los precios, mientras que otros piden la renuncia de Arce. En la última semana hubo marchas sectoriales en La Paz y algunos bloqueos fuera de las carreteras centrales con esas demandas.

De no resolverse el conflicto, este lunes Bolivia entrará a su tercera semana de bloqueos y tensión política cuando faltarán solo 62 días para las elecciones.
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