La fiscalía guatemalteca detuvo el miércoles al viceministro Luis Pacheco, uno de los líderes indígenas que estuvo al frente de las protestas que buscaban lograr una transición pacífica de poder para la asunción del actual presidente Bernardo Arévalo.
La fiscalía —encabezada por Consuelo Porras— acusa a Pacheco de terrorismo y asociación ilícita, dijo a la agencia de noticias AP un funcionario que pidió anonimato porque no está autorizado a dar información sobre el proceso judicial, que fue declarado bajo reserva por un juez.
Pacheco es un indígena K’iche’, con estudios en derecho. Tras la toma de poder de Arévalo y el ofrecimiento de incluir a la población indígena en su gobierno, fue nombrado viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas.
A su salida del lugar donde fue detenido, Pacheco dijo a periodistas sentirse “solvente, estoy consciente de que no he hecho nada malo... aquí estoy con la frente en alto, tranquilo, pero triste e indignado”, antes de ser conducido a un edificio de tribunales donde un juez lo escuchará y definirá su situación.
La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la organización indígena a la que pertenece, rechazó en conferencia de prensa la detención de Pacheco y advirtió que “el pueblo se va a levantar y va a exigir justicia”.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado dijo por su lado a periodistas que realizaba un allanamiento en un inmueble de la capital guatemalteca, pero que el caso estaba bajo reserva. En la habitación donde se realizaba el allanamiento vive Pacheco.
El presidente Arévalo afirmó en un acto que la acusación contra el líder indígena es “espuria y no tiene fundamento” y cuestionó que “criminalizar principios y derechos” que están garantizados en la Constitución “es una aberración jurídica”.
“Estamos indignados como Gobierno; estamos indignados como ciudadanos porque lo que está sucediendo es un ataque contra la democracia, contra la lucha de resistencia que hizo el pueblo en 2023 para evitar que estos criminales se robaran las elecciones y burlaran la voluntad popular”, manifestó Arévalo en rueda de prensa en un hotel de la capital.
El mandatario agregó que la detención de Pacheco, que lideró en 2023 con la organización indígena de los 48 Cantones de Totonicapán, las protestas para defender los resultados electorales, es la respuesta de “la cuadrilla de criminales cuando saben que se les está acabando el tiempo”.
“Es un ataque al pueblo digno de Guatemala. La orden de captura contra Pacheco y otros cuatro miembros de 48 Cantones es un acto de criminalización de la resistencia democrática y pacífica que se tuvo en ese momento. Es un acto de criminalización a los pueblos indígenas que lideraron ese esfuerzo por rescatar la democracia”, insistió.
Tras anunciar su respaldo al viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, el mandatario dijo que su captura se hace en momento en que la Fiscalía “ignora grandes casos de corrupción y las denuncias contra funcionarios de Gobiernos anteriores que han cometido crímenes que están quedando impunes”.
Arévalo hizo un llamado al pueblo de Guatemala a “cerrar filas” contra quienes amenazan la democracia: “Es momento de salir a exigir que termine este ciclo oscuro de hostigamiento que estos criminales agazapados en el Ministerio Público tienen en el país”.
Arévalo hizo un llamado al Congreso para tratar pronto proyectos de ley que él presentó para modificar la ley del Ministerio Público y así poder destituir a Porras. La fiscal general ha dicho que esas iniciativas son un ataque a su gestión.
El abogado Francisco Vivar señaló a periodistas que la fiscalía le negó a él y a otros abogados el ingreso a la vivienda allanada para constatar la captura y situación física de Pacheco.
Cuando en 2023 tuvieron lugar las protestas y bloqueos de carreteras por 22 días, Pacheco estuvo al frente de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, que con miles de afiliados exigió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y que cesara su arremetida judicial contra el proceso electoral y Arévalo, entonces presidente electo.
La fiscalía al mando de Porras ha arremetido contra el gobierno de Arévalo desde antes de que éste asumiera y solicitó en varias ocasiones el retiro de inmunidad del presidente para que sea juzgado por distintos hechos.
Porras ha sido sancionada junto a jueces y fiscales por 42 países, incluyendo los de la Unión Europea y Estados Unidos, que le han prohibido la entrada a sus territorios por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
Las protestas de hace dos años fueron dirigidas también contra el subordinado de Porras, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, quienes comandaron las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla de Arévalo y los allanamientos y órdenes de detención contra las autoridades electorales guatemaltecas.
(Con información de AP y EFE)
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