Daniel Noboa logró revertir el panorama electoral en la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025 y se impuso con el 55,66 % de los votos frente al 44,34 % obtenido por Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) con corte a las 10h00 del 14 de abril, con el 97% de actas escrutadas.
Uno de los aspectos más relevantes del balotaje fue la recuperación del respaldo ciudadano en provincias clave que Noboa había perdido en la primera vuelta, como Guayas, El Oro, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que le permitió consolidar una victoria que fue anticipada como una de las más cerradas de los últimos años.
En la primera vuelta, celebrada el 20 de agosto de 2023, González había conseguido una mayoría en territorios históricamente afines al correísmo, incluyendo Guayas, la segunda provincia con mayor peso electoral del país. Sin embargo, en esta segunda ronda Noboa revirtió esa tendencia: en Guayas obtuvo el 52,35 % frente al 47,65 % de su rival. También Noboa se impuso en El Oro con un margen estrecho (52,42 %), así como en Imbabura (52,81 %) y en Santo Domingo (55,07%). Estos cambios territoriales resultaron determinantes en la configuración final del mapa electoral.
Diversos analistas coinciden en que la clave de estos resultados se encuentra en una combinación de factores logísticos, políticos y sociales. Uno de los elementos más mencionados en el debate público ha sido la decisión del CNE de prohibir que los electores tomen fotografías de su papeleta de votación. Esta medida, dirigida a preservar el carácter secreto del voto, ha sido destacada como un freno al voto coaccionado, particularmente en zonas donde operan bandas criminales que, en procesos anteriores, habrían exigido pruebas del sufragio, según denuncias realizadas ante el ente electoral por parte de la fuerza pública.
El resultado final evidenció un rechazo mayoritario a la candidatura de González, que centró su campaña en una propuesta de unidad con base en alianzas políticas diversas, pero que también estuvo marcada por declaraciones polémicas, como su disposición a reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. En contraste, Noboa apeló a un discurso enfocado en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la modernización del Estado, además de haber capitalizado el respaldo logrado en su corto período como presidente interino.
La segunda vuelta registró además una mayor participación que la primera, con 200.000 electores adicionales según cifras preliminares del CNE. Entre ellos destacaron los votantes en el exterior, donde Noboa arrasó con porcentajes contundentes: 66,44 % en Canadá y Estados Unidos, 70,69 % en Latinoamérica, el Caribe y África, y 57,02 % en Europa, Asia y Oceanía. En total, el voto migrante se convirtió en un bloque decisivo que amplió la ventaja del candidato de ADN.
El mapa electoral definitivo muestra a Noboa como vencedor en 18 de las 24 provincias del país. A su favor estuvieron Azuay (62,7 %), Bolívar (67,7 %), Cañar (63,5 %), Carchi (61,3 %), Cotopaxi (62,5%), Chimborazo (70,4 %), Galápagos (66,4 %), Imbabura (52,8 %), Loja (68 %), Morona Santiago (70,3 %), Napo (73 %), Orellana (52,5 %), Pastaza (76 %), Pichincha (62,1 %), Tungurahua (78,6 %), Zamora Chinchipe (71,2 %) y Santo Domingo (55,07 %).
Las provincias donde González retuvo el liderazgo fueron Los Ríos (56,5 %), Manabí (63,4 %), Santa Elena (53,5 %), Esmeraldas (51,5 %) y Sucumbíos (58,6 %). A pesar de la derrota nacional, la candidata de la Revolución Ciudadana logró mantener su hegemonía en varias zonas de la costa ecuatoriana y del nororiente, aunque insuficientes para revertir la tendencia general.
El nuevo mapa de preferencias regionales consolida una mayoría a favor de Noboa en la sierra y Amazonía, mientras que el correísmo mantiene bastiones clave en sectores de la costa. En ese contexto, la victoria de Noboa se interpreta como una reafirmación de las fuerzas que buscan distanciarse del legado de Rafael Correa y una apuesta por liderazgos más moderados, juveniles y asociados a la gobernabilidad institucional.
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