El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset recibió en septiembre de 2021 un pasaporte de su país que le permitió escapar de Dubái, donde estaba detenido por intentar utilizar un documento falso para viajar. Con esa documentación, el delincuente pudo permanecer prófugo de la Justicia durante casi dos años, hasta que fue encontrado escondido en su faceta de jugador de fútbol en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Luego de eso, volvió a esconderse y su paradero continúa siendo desconocido.
La entrega del pasaporte por parte del gobierno uruguayo desató una tormenta política en el país, que terminó con la renuncia de la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores (debieron renunciar el canciller Francisco Bustillo y la subsecretaria Carolina Ache) y del Ministerio del Interior (que estaba encabezado por Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel). También debió dejar su cargo el asesor en comunicación de Luis Lacalle Pou Roberto Lafluf.
La primera renuncia fue la de Ache, quien abandonó la vicecancillería de manera obligada después de que se difundiera un chat de ella con Maciel, en el que le viceministro de Interior le advertía que el delincuente uruguayo era un “narco muy peligroso y pesado”, por lo que “sería terrible” que fuera liberado en Dubái.
La difusión de este chat ponía en entredicho la defensa que había seguido el gobierno cuando sus autoridades fueron convocadas al Parlamento a dar explicaciones. En ese ámbito, Ache había expresado que nadie le había dado detalles del narcotraficante.
Más allá de las repercusiones políticas del caso, la Fiscalía investiga la entrega del pasaporte a Marset. La investigación comenzó de oficio en agosto de 2022 y una de las líneas ya fue cerrada.
El fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado archivó en septiembre de 2024 la parte de la investigación sobre el otorgamiento del pasaporte. Concluyó que la entrega estuvo ajustada a Derecho, pese a que las autoridades “faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía” durante la interpelación.
De las “profundas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal, razón por la cual se dispone el archivo de las presentes actuaciones”, concluyó en ese momento.
La entrega del pasaporte fue defendida incluso por el entonces presidente Lacalle Pou. “El pasaporte había que darlo. No había otra chance, fuera narco o cualquier cosa. Había que darlo de acuerdo a la ley y los decretos actuales”, aseguró Lacalle. Incluso, uno de los argumentos del oficialismo era que la entrega estuvo fundada en un decreto del gobierno de Mujica.
Sin embargo, hay una línea que permanece abierta y que esta semana tuvo novedades. Durante la preparación de la comparecencia al Parlamento, el asesor en comunicación de Lacalle Pou dijo que destruyó un acta notarial incorporada en un expediente de Cancillería que contenía los whtasapps de Ache con Maciel. Lafluf le pidió entonces a la vicecanciller que consiguiera una escribana que certificara que su celular no tenía esos mensajes.
Ahora, la Fiscalía envió un oficio a la Cancillería solicitando información sobre el presunto ocultamiento de chats y la destrucción de documentos relacionados con la emisión del pasaporte de Marset, informó el noticiero Telenoche de Canal 4. El documento fue remitido directamente al canciller Mario Lubetkin.
El fiscal Machado busca determinar si el gobierno de Lacalle Pou tuvo la intención de ocultar el contenido de las conversaciones entre Ache y Maciel. La investigación apunta a esclarecer si efectivamente hubo una destrucción de documentos y si eso es un delito.
Cuando tenga recabada esa información, la Fiscalía iniciará una etapa de interrogatorios para profundizar en la investigación por el posible ocultamiento de información.
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