
La controversia minera en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica sumó un cruce diplomático entre Estados Unidos y China por las denuncias sobre el desplazamiento de mineros artesanales hacia territorio costarricense.
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sostuvo el 23 de octubre que las prácticas de compañías chinas instaladas en Nicaragua empujan a un número creciente de nicaragüenses a cruzar la frontera para extraer oro sin autorización. China rechazó el señalamiento el 24 de octubre.
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La discusión se desarrolla en torno a la minería ilegal de oro en Crucitas, una localidad de la provincia costarricense de Alajuela próxima al límite con Nicaragua. También abarca las concesiones mineras que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó a empresas de capital chino.
Estados Unidos vinculó la presión fronteriza con empresas chinas en Nicaragua
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica afirmó que la actividad ilegal genera una presión creciente en la frontera norte costarricense. La representación expresó su apoyo a Costa Rica en la protección de ese límite y en la lucha contra la minería ilegal y el tránsito irregular asociado, según Confidencial.digital.
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El pronunciamiento estadounidense relacionó esa situación con prácticas de compañías chinas que operan en Nicaragua. La sede diplomática indicó que esas condiciones han llevado a más mineros nicaragüenses a ingresar a Costa Rica para buscar material aurífero.

Las autoridades costarricenses y organizaciones ambientalistas nicaragüenses ya habían advertido sobre el crecimiento de la extracción ilegal de oro en Crucitas. La zona ha concentrado alertas por los efectos de esa actividad en un área cercana a la frontera.
China negó operaciones mineras en zonas próximas a Costa Rica
La Embajada de China en Nicaragua negó que empresas de ese país realicen actividades mineras en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica o en sectores cercanos.
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La delegación sostuvo que las acusaciones estadounidenses “carecen de fundamento fáctico” y confunden deliberadamente cuestiones distintas. También pidió a Washington que deje de emplear la cuestión minera para desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua.
El Gobierno nicaragüense respaldó la posición de Pekín. La disputa enfrenta las advertencias formuladas por Estados Unidos y Costa Rica con las negativas de China y Nicaragua.
La embajada china ya había respondido en marzo a denuncias sobre una posible compra de material obtenido ilegalmente en Crucitas. En esa ocasión, la representación en Costa Rica negó que compañías chinas adquirieran ese material y calificó las versiones como “propaganda mediática”.
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Nicaragua entregó 72 concesiones a 16 empresas chinas

Las concesiones otorgadas en Nicaragua a firmas de capital chino superan un millón de hectáreas. Los permisos incluyen territorios indígenas, afrodescendientes y áreas ambientalmente sensibles.
En febrero, Confidencial.digital documentó la entrega de 72 concesiones a 16 empresas chinas. El diario informó que parte de esos permisos alcanza zonas próximas a Costa Rica.
La existencia de esas concesiones forma parte de las preocupaciones planteadas desde el país vecino. La entrega de permisos, por sí sola, no prueba una participación directa de las compañías beneficiadas en la extracción ilegal de oro denunciada en Crucitas.
La presidenta costarricense Laura Fernández expresó en junio inquietud por las concesiones cercanas al límite y por la situación de la reserva Indio Maíz, entregada a empresas chinas.
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La mandataria señaló que en esa zona se estimaba la presencia de entre 1,500 y 1,800 mineros artesanales. Su preocupación se centró en el posible destino de esos trabajadores cuando una empresa asuma el control de la actividad minera.
“Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua”, declaró Fernández. La presidenta preguntó: “Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua, ¿para dónde creen que se van a venir esos mineros artesanales?”.
Costa Rica decomisó 16,000 sacos de broza en la zona de Crucitas

El entonces ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, presentó en febrero ante la Asamblea Legislativa una preocupación sobre una posible conexión entre los yacimientos ilegales de Crucitas y empresas chinas instaladas en el lado nicaragüense del río San Juan.
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Zamora afirmó que las compañías compraban sacos de sedimento extraído en Costa Rica para procesarlo y recuperar oro. Esa fue una afirmación del funcionario costarricense, que la representación china no aceptó.
El entonces ministro calculó que entre 10,000 y 15,000 mineros artesanales podían ingresar a Costa Rica para recolectar material aurífero. La estimación se refirió a la posible magnitud de la actividad en la zona fronteriza.
Durante ese período, las autoridades costarricenses decomisaron unos 16,000 sacos de broza. Cada uno tenía un peso aproximado de 50 kilogramos.
Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión en Peñas Blancas para coordinar medidas contra el traslado de oro obtenido de forma ilegal. Ambos gobiernos acordaron mantener encuentros periódicos.
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No obstante, no volvieron a reunirse desde la llegada de Laura Fernández a la Presidencia de Costa Rica. La falta de nuevos encuentros coincide con la persistencia de las advertencias sobre Crucitas, las concesiones mineras en Nicaragua y la presión de los mineros artesanales sobre la frontera.
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