
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la nueva fecha para la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema para el pago de indeminizaciones trabajadores, que comenzará a regir el 1 de diciembre de 2026, en lugar del 1 de noviembre, como estaba previsto inicialmente.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución General 5915/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través de la cual el organismo adecuó su normativa a los cambios establecidos por el Poder Ejecutivo en el decreto 1228/2026 conocido la semana pasada.
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La modificación dispuesta por el Gobierno extendió de seis a doce meses el período de carencia previsto para permitir la conformación del patrimonio inicial de los FAL. En ese marco, se consideró necesario ampliar el plazo de implementación del régimen para completar los ajustes correspondientes y llevar adelante las pruebas técnicas antes de su entrada en funcionamiento.
De acuerdo con la resolución, el régimen comenzará a aplicarse a partir de las declaraciones juradas correspondientes al período devengado diciembre de 2026 y a los períodos siguientes.
Además, ARCA actualizó el sistema informático utilizado para cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social. A partir del 1 de diciembre de 2026, los empleadores deberán utilizar la versión 48 del aplicativo “Declaración en línea” para presentar sus declaraciones juradas, incluso cuando correspondan a períodos devengados anteriores.
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El rol de ARCA en el Fondo de Asistencia Laboral
En el marco de la Ley de Modernización Laboral, ARCA tiene a su cargo la instrumentación del procedimiento para declarar y pagar la contribución mensual destinada al FAL de cada empleador.
El organismo también debe garantizar que ese aporte se integre con la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) y actuar como agente de derivación de los fondos hacia la Cuenta Individual del Empleador.
“La prórroga fue dispuesta en virtud de la complejidad y alcance del nuevo régimen, por lo cual se otorgó un plazo adicional que permita completar las implementaciones necesarias y realizar las pruebas correspondientes, procurando asegurar las condiciones adecuadas de funcionamiento al momento de su efectiva entrada en vigor”, señaló ARCA.
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“Las recientes medidas tienen por objetivo preservar la seguridad jurídica, previsibilidad y adecuada operatividad del régimen, en beneficio de los sujetos alcanzados y de los organismos y entidades responsables de su implementación y funcionamiento”, agregó.
La semana pasada, el Gobierno había decidido postergar la implementación del FAL para dar más tiempo a los “organismos públicos, entidades del mercado de capitales y proveedores de servicios tecnológicos y operativos” para completar los procedimientos, sistemas y herramientas necesarios para la puesta en marcha del nuevo esquema.
El sistema se financiará mediante un aporte mensual de los empleadores, calculado sobre la misma base salarial utilizada para determinar las contribuciones patronales. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) contribuirán con el 2,5%, mientras que las demás empresas privadas aportarán el 1%. ARCA transferirá los fondos a una cuenta asociada al FAL elegido por cada empleador. Los recursos se destinarán a cubrir indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones laborales.
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La normativa original fijaba el 1° de junio de 2026 como fecha de entrada en vigencia del sistema y facultaba al Poder Ejecutivo a postergarla por un plazo de hasta seis meses. En mayo, a través del Decreto 408/26, el Gobierno había reprogramado su implementación para el 1° de noviembre de 2026.
Los FAL deberán funcionar a través de fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, ambos bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Estos instrumentos administrarán los aportes realizados por los empleadores y deberán ajustarse a las políticas de inversión definidas por el Ministerio de Economía.
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La postergación de la entrada en vigencia del FAL también le da al Gobierno un mes adicional de margen en las cuentas públicas. La implementación del sistema supone que una parte de los recursos que actualmente ingresan a la ANSES en concepto de cargas laborales se redirija al mercado de capitales. Por lo tanto, demorar su puesta en marcha permitiría al Estado mantener esos ingresos durante un mes más, lo que representaría un aporte no menor a la recaudación fiscal.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el FAL generaría una pérdida de recaudación para la Seguridad Social de $373.392 millones mensuales en promedio, a valores de noviembre de 2026, con picos en los meses de pago del aguinaldo.
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