El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ratificó la suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ratificó el viernes la suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad por un período de dos años, tras ser acusada de presunta violencia política de género contra la ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

“No existe en la sentencia ambigüedad alguna respecto a la procedencia de la suspensión de los derechos políticos de la autoridad sancionada”, declaró el juez Guillermo Ortega, quien emitió la sanción en primera instancia, según recogió el diario El Universo.

Ortega explicó que la decisión se mantiene firme luego de que se solicitaran aclaraciones por “supuestas oscuridades o deficiencias en la motivación de la sentencia”.

El magistrado enfatizó que la sanción, que incluye además una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, “se encuentra plenamente respaldada en el ordenamiento jurídico vigente y en las competencias constitucionales de (la) judicatura electoral”.

La defensa de Abad aún puede apelar el dictamen mediante un recurso vertical, que deberá ser resuelto por el pleno del TCE en un plazo de tres días.

El fallo se produce después de que el 27 de febrero la justicia electoral ecuatoriana admitiera una denuncia presentada por Sommerfeld, quien acusó a la vicepresidenta de haber menoscabado su imagen pública “con base en estereotipos de género y relaciones de dominación”.

Según la denuncia, Abad habría realizado “declaraciones injuriosas y discriminatorias con la intención de limitar sus derechos inherentes a la función pública, impidiéndole ejercer el cargo en condiciones de igualdad”.

El fallo del TCE contra Abad se suma a otras sanciones que recibió desde que asumió el cargo, ya que en 2023, el tribunal ya la había multado con 8.500 dólares por realizar campaña anticipada durante su postulación a la alcaldía de Cuenca, su ciudad natal.

Además, el Ministerio de Trabajo la suspendió de su cargo por cinco meses, aunque una jueza posteriormente revocó esa decisión al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales. Pese a que fue restituida formalmente en sus funciones, Abad no pudo ejercer plenamente el cargo de vicepresidenta debido a las diferencias con Noboa y a la misión diplomática que le fue impuesta en el extranjero.

El distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta se convirtió en un tema de interés nacional, pero hasta el momento ninguno de los dos explicó públicamente los motivos del conflicto. A lo largo de los últimos meses, Abad manifestó que es víctima de persecución política, mientras que el gobierno de Noboa evitó responder directamente a sus acusaciones.

(Con información de Europa Press)