Daniel Noboa extendió el estado de excepción en diez zonas de Ecuador con fuerte presencia de bandas criminales

El presidente de Ecuador Daniel Noboa ordenó este viernes extender por 60 días el estado de excepción en siete provincias, dos cantones y el distrito metropolitano de Quito, ante la “grave conmoción interna” que ha provocado el auge de la violencia de las bandas criminales, consideradas terroristas.

La decisión, el segundo decreto presidencial del año, alcanza a las zonas de Los Ríos, Guayas y Manabí, las provincias de Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, y los cantones La Troncal y Camilo Ponce Enríquez, donde en las últimas semanas se registraron nuevas muertes y ataques a oficiales.

Allí, con la permanencia del estado de excepción, se imponen restricciones a la libertad de movimiento durante ciertas horas del día, se suspende el derecho a la inviolabilidad de los domicilios y la correspondencia, y se establece el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, con el objetivo final de garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Si bien el decreto informa que se trata de una medida “temporal, subsidiaria, extraordinaria, condicionada, regulada y fiscalizada”, lo cierto es que el régimen estuvo vigente prácticamente durante todo 2024, cuando Noboa ordenó su imposición luego de haber declarado en enero la existencia de un conflicto armado interno.

Inicialmente, la medida alcanzaba a unas veinte zonas de todo el país y, con el correr de los meses, fue ajustándose para brindar una mejor respuesta ante “el incremento de las hostilidades, el cometimiento de delitos y la intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados”.

A pesar de que la Corte Constitucional acabó avalando su extensión en reiteradas oportunidades, también anuló varias de sus medidas ya que consideraba que suspendía derechos fundamentales -como es el caso de la libertad de reunión en espacios públicos- y que la declaración de conflicto armado interno no era suficiente motivo en sí para justificar la extensa serie de decretos emitidos durante el año.

Producto de las medidas impulsadas por el Gobierno, Ecuador cerró 2024 con un total de 6.818 homicidios, es decir, un 18% menos que a finales de 2023, pero aún registra un alto grado de violencia. De hecho, 2024 fue el segundo período más agresivo en su historia y el país se ubica todavía entre las naciones de Latinoamérica con más homicidios per cápita.

Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expuso que Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito a un centro clave del narcotráfico internacional, donde los grupos criminales actúan con un nivel de organización y letalidad alarmante, y generan una grave espiral de violencia.

Desde su llegada al cargo, Noboa se enfrenta a una aguda crisis de seguridad, marcada por masacres en cárceles, asesinatos múltiples, incautaciones de drogas y fugas de importantes pandilleros, como fue el caso del líder de Los Choneros, Adolfo Macías Villamar -alias Fito-, quien se escapó del penal de Guayaquil en enero de 2024 y aún no ha sido recapturado.

Las decisiones del Gobierno, sin embargo, han sido cuestionadas en varias oportunidades por la sociedad ecuatoriana, que ve excesivo y desmedido el accionar de las fuerzas de seguridad.

El último de estos casos ocurrió a finales de diciembre, cuando en Taura, en la provincia de Guayas, se encontraron los cuerpos calcinados de cuatro menores que el 8 de diciembre habían sido detenidos por soldados.

Unas 40 organizaciones sociales denunciaron enseguida su desaparición forzada y acusaron al Ejecutivo de cometer “graves violaciones a los derechos humanos”, a lo que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, respondió asegurando que no se trata de “un crimen de Estado” o de “un crimen de lesa humanidad”.

(Con información de EFE y Europa Press)