
Dos dirigentes sindicales afines al ex presidente Evo Morales fueron capturados por la Policía en Bolivia este miércoles. Se trata de Humberto Claros y Ramiro Cucho, dos de los campesinos que habían comandado los bloqueos realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre en protesta contra el Gobierno y en respaldo al líder cocalero.
La Procuraduría General del Estado (PGE) los acusa por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y había solicitado su detención el 6 de noviembre.
Tras conocerse que habían sido capturados, Morales se pronunció en redes sociales y dijo que “con este tipo de acciones al margen de la ley, buscan disciplinar y acallar al pueblo que sufre la inflación, escasez de combustibles y falta de movimiento económico”. El líder cocalero calificó estas detenciones como un “secuestro” y aseveró que “a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”.
Claros es miembro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y cobró notoriedad nacional al ser una especie de vocero de las protestas. Fue él quien anunció el inicio y la suspensión de la medida de presión ante los medios de comunicación. Según reportes de la prensa local, fue aprehendido en la localidad de Quillacollo (Cochabamba) por personal policial vestido de civil que lo trasladó a la sede de Gobierno.

Ramiro Cucho es dirigente del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y fue detenido en Potosí e igualmente llevado hasta La Paz.
La aprehensión de ambos dirigentes se dio después de una semana de que se levantaran los bloqueos de 24 días con los que el país estuvo parcialmente paralizado y que generaron una pérdida de 2.000 millones de dólares, según los datos que maneja el Gobierno.
La movilización llegó a tener 23 piquetes simultáneos, la mayoría en el departamento de Cochabamba (centro), con lo que el occidente y oriente del país estaban incomunicados, lo que generó el desabastecimiento de algunos productos alimenticios y la consecuente fluctuación de los precios. Adicionalmente, alteraron la logística de distribución de combustible lo que profundizó la crisis de suministro de diésel y gasolina que enfrenta el país desde hace varios meses.
Tras la detención de ambos dirigentes, diputados y senadores que responden al presidente Luis Arce se pronunciaron para exigir que se investigue el origen de los recursos económicos con los cuales financiaron los bloqueos. “Creemos que pudo haber llegado dinero de Venezuela y eso nos daña”, declaró la senadora Virginia Velasco a los medios en La Paz.

El indicio que existe, es que en medio de las protestas, se conoció que Morales utiliza vehículos que son propiedad de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa). “Son carros prestados”, admitió el líder cocalero y dijo que fueron entregados por motivos de seguridad con conocimiento del presidente. “El propietario puede prestar, regalar. Saludo la solidaridad de Venezuela”, expresó el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Radio Kawsachun Coca.
La caída de estos dos dirigentes pueden no ser las únicas. La PGE también pide la captura de Juan Ramón Quintana, quien fuera el hombre fuerte de Evo Morales durante su Gobierno como ministro de la Presidencia y uno de sus colaboradores cercanos en la actualidad. La PGE les atribuye a estas personas la organización de “grupos irregulares” para la instalación de los puntos de bloqueo propiciado por el denominado Estado Mayor del Pueblo, cuya dirigencia es afín al expresidente Morales.
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