CRA presentó ante la Corte Constitucional nuevo modelo tarifario de aseo y defendió medidas para proteger los derechos de los recicladores de oficio

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) presentó ante la Corte Constitucional los principales componentes del nuevo marco tarifario del servicio público de aseo para grandes prestadores, establecido mediante la Resolución 1040 de 2026. La entidad explicó que las disposiciones buscan reconocer la participación de los recicladores de oficio en la prestación del servicio, fortalecer las condiciones económicas de sus organizaciones y garantizar la continuidad de las medidas adoptadas para proteger sus derechos.

La exposición se realizó durante la audiencia pública convocada mediante el Auto 1461 de 2026, en el marco del seguimiento que adelanta la Corte al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003. Esta decisión judicial reconoce la necesidad de implementar medidas afirmativas para garantizar los derechos de la población recicladora de oficio, que participa en las actividades de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos.

Durante la jornada, la CRA explicó las señales regulatorias incorporadas en la nueva metodología tarifaria y las medidas previstas para reconocer los costos asociados al trabajo de los recicladores. La presentación estuvo a cargo de funcionarios de la entidad, quienes detallaron los componentes económicos y operativos contemplados en la resolución.

La directora ejecutiva de la CRA, Gloria Esperanza Narváez Tafur, señaló que las disposiciones buscan mejorar las condiciones en las que las organizaciones desarrollan sus actividades y reconocer los gastos que implica la prestación del servicio de aprovechamiento. “Las señales regulatorias que contempla el Nuevo Marco Tarifario buscan fortalecer las condiciones económicas y operativas de las organizaciones de recicladores y reconocer los costos asociados al desarrollo de su actividad”, explicó Narváez durante su intervención ante los magistrados.

¿Qué contempla el nuevo marco tarifario para los recicladores?

Por su parte, el experto comisionado de la CRA, Juan Camilo Acevedo Páez, expuso los principales componentes económicos y operativos incluidos en la resolución 1040. Entre las medidas mencionó el establecimiento de un ingreso mínimo vital tarifario y el reconocimiento de recursos destinados a la protección social de los recicladores de oficio.

La metodología también contempla el reconocimiento de diferentes costos relacionados con el desarrollo de las actividades de aprovechamiento. Entre ellos se encuentran los gastos operativos de las acciones de recuperación de materiales, las campañas educativas y la transición hacia el uso de vehículos motorizados y asistidos.

Asimismo, se incluyen las actividades de recolección y transporte de residuos aprovechables, la operación de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y los costos asociados con la gestión comercial y administrativa de las organizaciones.

De acuerdo con la CRA, estas disposiciones reconocen la participación de la actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo y establecen condiciones económicas orientadas a contribuir a su sostenibilidad. Además, la entidad señala que la regulación tiene en cuenta las particularidades de quienes realizan estas labores y su participación en la recuperación de materiales, la economía circular y la gestión integral de los residuos sólidos.

La entidad también presentó ante la Corte un informe sobre las actuaciones adelantadas para atender las disposiciones del Auto 2059 de 2025. En ese contexto, expuso la expedición de las resoluciones CRA 1027, 1037 y 1043 de 2026, mediante las cuales se estableció un esquema transitorio para garantizar el mantenimiento y la no regresividad de las acciones afirmativas vigentes en Bogotá en favor de los recicladores de oficio.

Adicionalmente, informó sobre las mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá. Estos encuentros hacen parte de las actividades de coordinación y seguimiento relacionadas con las condiciones regulatorias y operativas que afectan a esta población.

Recicladores se concentraron a las afueras de la Corte y pidieron derogar decreto anterior

Mientras se desarrollaba la audiencia pública el viernes 13 de noviembre, más de cien recicladores de oficio permanecieron a las afueras de la Corte Constitucional, en Bogotá, para seguir la discusión sobre las disposiciones que regularán su actividad bajo el nuevo modelo tarifario del servicio de aseo.

Durante la jornada, los trabajadores también solicitaron al Gobierno nacional derogar el decreto firmado por la administración anterior. Sus manifestaciones estuvieron relacionadas con las preocupaciones sobre las condiciones que tendrá el sector bajo el esquema regulatorio y el reconocimiento económico de las labores que realizan.

La discusión se desarrolló en medio de las advertencias presentadas por la Procuraduría General de la Nación ante los magistrados, particularmente sobre el tiempo previsto para la transición hacia la nueva metodología tarifaria.

El Ministerio Público señaló que el periodo establecido para implementar las disposiciones podría resultar insuficiente frente a la complejidad del modelo y las dificultades de adaptación que podrían enfrentar las organizaciones de recicladores, las empresas prestadoras del servicio y los usuarios.

Procuraduría advirtió sobre posibles dificultades en la implementación de las tarifas

El organismo de control reconoció que la CRA ha desarrollado jornadas de socialización y capacitación en diferentes regiones del país, algunas de ellas con acompañamiento de la Procuraduría. Sin embargo, advirtió que las actividades adelantadas podrían necesitar un tiempo adicional debido a las particularidades de los prestadores y a los requerimientos de información y preparación de las organizaciones que deberán aplicar la metodología.

“Consideramos que el periodo de transición establecido podría resultar insuficiente frente a la complejidad de la nueva metodología”, señaló la Procuraduría durante la audiencia.

La preocupación del Ministerio Público se concentra en que las organizaciones de recicladores, las empresas prestadoras y los usuarios cuenten con las herramientas necesarias para comprender las disposiciones y adaptarse a las condiciones del nuevo esquema antes de su entrada en aplicación.