El FMI sugirió nueve reformas urgentes para Uruguay durante su asamblea semestral en Washington

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró durante el fin de semana su asamblea semestral. Para Uruguay, el evento tuvo una particularidad porque fue el último al que asistió la actual ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ya que el 1° de marzo de 2025 asumirá un nuevo gobierno en el país. La jerarca uruguaya retornó con una serie de deberes de parte del organismo internacional, que en algunos casos se trata de sugerencias reiteradas.

El FMI presentó una revisión de sus proyecciones económicas globales para cada región. Respecto a Uruguay, el organismo prevé que el ritmo de expansión de la economía “repunte hasta 3,2%” en 2024, según consignó el semanario uruguayo Búsqueda. Para el 2025, en tanto, ese crecimiento sería del 3%. Esta recuperación se explica porque el país dejó atrás “la peor sequía en un siglo, el aumento de la producción de celulosa, la flexibilización de las condiciones financieras y la normalización de los diferenciales de precios con Argentina”, explica el organismo.

Estos cuatro motivos contribuyen a que Uruguay cierre “las brechas negativas” en términos de crecimiento potencial.

Para el segundo semestre del año, el Fondo Monetario proyecta una suba de la inflación aunque aclara que estará dentro del rango que las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) fijaron como meta (entre el 3% y el 6%). La aceleración del Índice de Precios del Consumo (IPC) se dará por una “relajación gradual de la política monetaria y el notable crecimiento de los salarios”. En todo el 2024, el IPC será de 5,4% y en 2025 presentará una variación similar.

La inflación en el país lleva 16 meses dentro del rango objetivo del gobierno.

En materia fiscal, el FMI señala que el desequilibrio proyectado del sector público no financiero en 2024 –equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB)– permitirá “reducir el déficit” y salvaguardar el “gasto social”. El organismo internacional prevé que la relación entre la deuda y el PIB se mantenga en torno al 65%, en “consonancia con el objetivo de endeudamiento neto definido en la regla fiscal uruguaya”. Esta regla es una herramienta creada por la administración de Luis Lacalle Pou destinada al control del gasto público.

El FMI también presentó sugerencias de reformas a favor del crecimiento de la economía. En el caso de Uruguay, considera que las reformas más urgentes son: buscar alternativas para “facilitar el acceso al crédito” y “desarrollar el mercado financiero”; “reducir la propiedad pública” en las empresas estatales; y “reforzar las políticas y el organismo” de defensa de la competencia.

Otra de las reformas están en un segundo nivel de prioridad. Propone “eliminar las barreras no arancelarias y mejorar el comercio de servicios no tradicionales dentro del Mercosur”; “reducir los aranceles” al comercio con otros países y “mejorar la infraestructura portuaria y la calidad de las vías” férreas.

En un tercer escalón de importancia en cuanto a las reformas, el FMI apunta al mercado laboral. Sostiene que es necesario “diferenciar la negociación salarial entre los sectores” de actividad, “mejorar la educación para mitigar el desfase de aptitudes” y “liberalizar la movilidad laboral y las restricciones migratorias”.

El FMI enumera que Uruguay ha llevado adelante algunas reformas para mejorar la eficiencia del gasto público, que ajustó las reglas fiscales, continuó con la desdolarización de su economía y modernizó el sistema de pagos.

La ministra de Economía de Uruguay aprovechó el viaje para mantener reuniones con representantes de organismos internacionales, como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfjan y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Además, Arbeleche disertó ante inversores de mercados emergentes en una actividad que fue organizada por JP Morgan y brindó una conferencia en el evento Itaú Latam Day, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Los jerarcas económicos de Uruguay aprovecharon el viaje a Estados Unidos para reunirse con las agencias calificadoras Fitch, Moody’s y S&P.