Tres ciudadanos dominicanos, dos hombres y una mujer, quedaron bajo detención provisional en Panamá por su presunta vinculación con una red que captaba personas para viajar a Rusia.
La investigación examina posibles delitos de trata de personas y asociación ilícita relacionados con trabajos forzados con fines militares.
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La medida fue ordenada por el juez de garantías Luis Ceballos, tras una audiencia en la que se legalizaron las aprehensiones y se formularon cargos. La Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó mantener a los tres imputados detenidos mientras avanzan las investigaciones.
Según el Ministerio Público, el expediente guarda relación con hechos en perjuicio de dos ciudadanos panameños, quienes habrían sido reclutados mediante redes sociales.
El comunicado oficial sitúa el inicio de estas pesquisas en septiembre de 2026 y señala como destino de la presunta explotación a la Federación Rusa.
Los sospechosos fueron aprehendidos el 24 de septiembre durante diligencias de registro y allanamiento en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en Panamá Este. Las actuaciones permitieron incorporar elementos a una investigación que busca establecer cómo operaba la presunta estructura y qué funciones desempeñaban las personas señaladas.
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Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que los investigados estarían relacionados con transferencias superiores a $800 mil utilizadas para facilitar el reclutamiento. Entre los movimientos mencionados figuran envíos desde Colombia, cuyo origen y destino forman parte de las pesquisas sobre el financiamiento de los viajes y otros gastos asociados.
La hipótesis fiscal describe un mecanismo de captación mediante ofertas difundidas en TikTok, dirigidas a personas interesadas en obtener ingresos.
Los reclutadores presuntamente ofrecían apoyo para gestionar pasaportes y boletos aéreos, además de organizar el traslado hacia la capital de ciudadanos procedentes de Bocas del Toro, según las versiones periodísticas.
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Como parte de ese procedimiento, algunas personas habrían permanecido en un establecimiento de hospedaje mientras se completaban los trámites.
La Fiscalía sostuvo que desde ese lugar se coordinaban pagos y desplazamientos necesarios para preparar la salida del país, bajo la promesa de conseguir trabajo remunerado en el territorio ruso.
Dos de los afectados abandonaron el alojamiento y contactaron a la Policía, después de sospechar que podrían ser víctimas de explotación, según lo expuesto en la audiencia. Sus relatos contribuyeron a reconstruir la forma de captación y las gestiones realizadas antes de concretar el viaje al extranjero.
Otro testimonio citado corresponde a un panameño que sí viajó a Rusia y aseguró no haber recibido los $2,000 prometidos. De acuerdo con la información presentada, solicitó apoyo a la Cancillería para regresar.
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Su experiencia fue incorporada para examinar las condiciones reales que enfrentaban las personas reclutadas.
Los investigadores también realizaron inspecciones en entidades bancarias los días 16 y 18 de septiembre para recabar información financiera. Durante las aprehensiones se encontraron tarjetas y un teléfono celular, elementos que podrían ayudar a esclarecer los pagos y los contactos vinculados con la operación investigada.
La defensa cuestionó la detención provisional y sostuvo que la investigación todavía se encontraba en una etapa incipiente.
También alegó que la Fiscalía no había demostrado la existencia de una red criminal dedicada a la explotación laboral y consideró excesiva la medida solicitada contra sus tres representados.
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El juez acogió la petición fiscal y consideró la privación provisional de libertad idónea, proporcional y necesaria, según el comunicado oficial. Con estas decisiones, los reportes sobre el caso sitúan en seis el número de personas imputadas y detenidas por investigaciones relacionadas con el presunto reclutamiento.
El avance judicial coincide con las gestiones diplomáticas de Panamá para facilitar el regreso de nacionales vinculados a la guerra. En Nueva York, el canciller Javier Martínez-Acha planteó el asunto a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien indicó que las solicitudes serían examinadas caso por caso.
Ambos gobiernos acordaron mantener abiertos los canales diplomáticos para dar seguimiento a las solicitudes de retorno mientras en Panamá la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades individuales de los investigados.
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Las autoridades identificaron 30 panameños potencialmente vinculados a la guerra en Rusia y Ucrania, mientras reportes no confirmados elevan a 60 la posible cifra, sin verificación oficial.
Con estas tres detenciones, asciende a seis el número de personas detenidas en Panamá por su presunta vinculación con el reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Las investigaciones del Ministerio Público buscan determinar cómo operaban las redes de captación y establecer las responsabilidades de los implicados.
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