Cuatro de cada diez hogares en Costa Rica viven en casas deterioradas o en condiciones regulares

En Costa Rica, miles de familias enfrentan problemas relacionados con el deterioro de sus viviendas, la necesidad de realizar ampliaciones y las condiciones de los terrenos donde se encuentran construidas, una realidad que evidencia que el desafío habitacional del país va mucho más allá de construir nuevas soluciones de vivienda.

El informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, divulgado por la Universidad de Costa Rica (UCR), revela que 152,288 viviendas presentan problemas que requieren atención, una cifra equivalente al 8.1 % de los hogares costarricenses.

Sin embargo, cuando se incorporan las casas clasificadas en condiciones regulares, aunque no presenten otras deficiencias, el número aumenta hasta 754,510 viviendas, aproximadamente cuatro de cada diez hogares del país.

El sociólogo e investigador en temas de vivienda y urbanismo, Franklin Solano, explicó que parte de las estructuras existentes presenta un deterioro considerable, al punto de que las reparaciones convencionales podrían resultar insuficientes.

“Estas viviendas están en un estado de deterioro tan elevado que prácticamente necesitan hacerse nuevas”, advirtió el especialista al referirse a las casas con mayores deficiencias.

Entre los principales problemas identificados se encuentran daños en los techos, las paredes y los pisos, elementos que inciden directamente en las condiciones de habitabilidad de las familias.

“Las viviendas clasificadas como regulares podrían deteriorarse hasta convertirse en viviendas deficientes si no atienden las carencias presentadas”, señaló Solano.

La problemática también alcanza a las viviendas de interés social, particularmente cuando sus propietarios necesitan realizar modificaciones para adaptar los espacios a las nuevas necesidades familiares.

Según las auditorías del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), cerca de la mitad de estas viviendas han experimentado algún tipo de modificación por parte de sus habitantes. En la evaluación más reciente, aproximadamente el 40 % presentó cambios, mientras que tres de cada cinco conservaron sus dimensiones originales.

Las transformaciones suelen concentrarse en espacios como cocinas, cuartos de pilas y corredores. Sin embargo, algunas intervenciones se realizan sin acompañamiento profesional, lo que puede generar nuevos problemas constructivos.

El informe establece que una de cada cinco viviendas aumentó su área en más de 30 metros cuadrados, en muchos casos sin supervisión técnica.

Esta situación representa un riesgo cuando las ampliaciones afectan la distribución de cargas estructurales, las instalaciones eléctricas o la estabilidad de las edificaciones.

Más de 232,000 personas viven en asentamientos informales

El panorama habitacional también presenta importantes diferencias territoriales, particularmente en las comunidades que se han desarrollado fuera de los procesos formales de planificación urbana y acceso al suelo.

La actualización del Registro Nacional de Asentamientos Informales contabiliza preliminarmente 572 asentamientos, donde habitan aproximadamente 232,600 personas en 70,692 viviendas, distribuidas en 64 cantones y 164 distritos.

El documento aclara que el incremento respecto a registros anteriores responde principalmente a mejoras en los mecanismos de identificación y registro, por lo que no necesariamente representa un crecimiento del fenómeno en la misma proporción.

Aproximadamente la mitad de estos asentamientos se encuentra dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), mientras que el resto se distribuye en otras regiones del país.

Uno de los casos más significativos corresponde a Río Azul, en La Unión de Cartago, donde 9,132 personas viven en asentamientos informales, lo que representa el 78.6 % de la población del distrito.

Le siguen Tirrases, en Curridabat, con un 68.1 %; La Uruca, en San José, con un 46.9 %; Santa Elena, en La Cruz, con un 36 %; y San Felipe, en Alajuelita, con un 34,5 %.

La problemática también está presente en comunidades como Los Guido de Desamparados, Jacó, San Rafael de La Unión, Las Juntas de Abangares, Patarrá, León XIII y Chacarita de Puntarenas.

El estudio identifica, además, una importante concentración poblacional en los asentamientos de mayor tamaño.

Aunque casi la mitad de estas comunidades tiene menos de 50 hogares, concentra solamente alrededor del 10 % de la población registrada. Por el contrario, los asentamientos con más de 200 viviendas representan aproximadamente el 15 % del total, pero reúnen cerca del 55 % de los hogares y las personas contabilizadas.

Los resultados evidencian que la discusión sobre vivienda en Costa Rica debe incorporar no solamente la cantidad de casas construidas, sino también su estado de conservación, la seguridad de sus ampliaciones, las necesidades de mantenimiento y las condiciones de los territorios donde habitan las familias.

El informe plantea así la necesidad de prestar atención a las viviendas existentes para evitar que el deterioro progresivo y las intervenciones inadecuadas profundicen las dificultades habitacionales del país.