
Hasta febrero de 2025, Armando Flor no podrá ser enjuiciado por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Esto sucedió porque el procesado se postuló como candidato a legislador. La norma electoral ecuatoriana establece que, cuando las candidaturas han sido calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los aspirantes no pueden ser encarcelados o procesados penalmente hasta que finalice la contienda.
Flor es acusado por el Ministerio Público de ser testaferro del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Dentro del caso Metástsis, el ahora candidato es investigado por haber realizado transacciones e inversiones que suman USD 2,3 millones dentro de la estructura delincuencial del narco.
El partido que auspicia a Flor es Pueblo, Igualdad y Democracia (PID). En el 2023, esa organización impulsó la candidatura del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El director del PID, Arturo Moreno, primo del expresidente de la República, Lenín Moreno, ejerce como asambleísta en la Legislatura vigente y vota con el oficialismo. Flor aparece en el quinto casillero de la lista de candidatos a asambleístas nacionales.

El Código de la Democracia de Ecuador establece una inmunidad temporal para los candidatos a cargos de elección popular, con el fin de prevenir posibles persecuciones políticas a través del sistema judicial. Este privilegio se aplica desde la calificación de la candidatura hasta la proclamación de los resultados electorales. Una vez concluido este periodo, los procesos judiciales pendientes pueden reactivarse. En el caso de Flor, si no gana las elecciones, será llamado a juicio en febrero de 2025. Si resulta electo, el juicio deberá llevarse a cabo bajo el fuero correspondiente, que para los asambleístas nacionales es el fuero de la Corte Nacional. Esto implica que solo pueden ser enjuiciados por la Corte Nacional de Justicia, y la investigación debe estar a cargo de la Fiscal General.
¿Qué es el caso Metástasis?
Según la Fiscalía de Ecuador, el caso Metástasis es el “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”. Esta investigación busca evidenciar los nexos entre el capo Norero y una serie de funcionarios, policías, políticos y abogados en libre ejercicio que formaban parte de la misma estructura criminal que buscaba sobornar a jueces y otros servidores para lograr beneficios penitenciarios para Norero y sus socios.
De acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, a partir del asesinato de Norero, en octubre de 2022, “se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico”.

“El caso metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”, aseguró la fiscal Salazar en un video difundido en diciembre de 2023, cuando se realizó un megaoperativo que permitió capturar a 37 procesados, entre ellos quien fungía como presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán y un ex general de Policía que fue director de las cárceles y antinarcóticos, Pablo Ramírez.
Los chats extraídos del teléfono de Norero fueron publicados en la página web de la Fiscalía. El Ministerio Público obtuvo más de 14.000 hojas de conversaciones que se volvieron piezas clave en el caso y que derivaron en otra investigación: Purga.
Los chats de mayo a octubre de 2022 contienen las comunicaciones de Norero con varios personajes públicos y también muestran varias menciones a otros. Entre los nombres que se han vinculado al capo están el del ex secretario de seguridad de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez; del cofundador de la plataforma digital La Posta, Andersson Boscán; de la alcaldesa correísta María Fernanda Vargas y de Xavier Jordán, procesado por Metástasis, prófugo y denunciado por el asesinado Fernando Villavicencio.
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