
Elisa de Anda Madrazo, abogada mexicana de 42 años, ha asumido la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde su nombramiento el 1 de julio, De Anda, quien se describe como una “interesada en ver el crimen organizado desde la perspectiva financiera”, se ha enfocado en promover la inclusión en este sector y en apoyar a países con capacidades limitadas para aplicar las normas del GAFI, según comentó en diálogo con Americas Quarterly.
El GAFI, creado por el G7 en 1989, ha ampliado su mandato en varias ocasiones para incluir la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Actualmente, más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar sus normas, aunque solo 40 son miembros plenos, principalmente naciones de renta alta.
Uno de los principales desafíos de la organización son aquellos países de renta baja, con medidas débiles, que son identificados con las listas “grises” y “negras”, donde figuran países como Venezuela y Haití en la primera, e Irán, Corea del Norte y Myanmar en la segunda.

El blanqueo de capitales aún representa, hoy en día, un problema global significativo. Cada año estas organizaciones criminales lavan hasta 1,6 billones de dólares a través de transacciones que escapan a la supervisión mundial.
Por ejemplo, en 2023, Nasdaq reportó que más de 3,1 billones de dólares en fondos ilícitos circularon por el sistema financiero global, a lo que se suman los escándalos recientes, como la multa de 3.000 millones de dólares al TD Bank, un caso de 2.200 millones de dólares en Singapur, la operación brasileña Car Wash o los Panama Papers.
En América Latina en particular, la región enfrenta desafíos puntuales en la lucha contra el lavado de dinero, como delitos fiscales, corrupción y tráfico ilícito. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con sede en Buenos Aires, ha identificado estos problemas en una evaluación de amenazas de 2021 por lo que, posteriormente, De Anda destacó la importancia de abordar la delincuencia organizada transnacional, la recuperación de activos y la regulación de activos virtuales.

No obstante, a pesar de los avances realizados hasta el momento, algunos críticos señalan que las recomendaciones del GAFI pueden ser difíciles de implementar en países de bajos ingresos. De Anda ha enfatizado en la necesidad de que todas las naciones, independientemente de sus capacidades, trabajen juntos para combatir estos delitos y, es por ello que, bajo su liderazgo, el GAFI planea guiar a las jurisdicciones con menos recursos y asegurar que sus voces sean escuchadas en la elaboración de normas.
“Es necesario que todos los eslabones de la cadena trabajen juntos” incluidas “las jurisdicciones que tienen capacidades limitadas, en su mayoría países de bajos ingresos, algunos de ellos incluso con problemas de endeudamiento”, dijo a AQ e insistió: “Tenemos que asegurarnos de que todos están a bordo”.
Así, en el futuro cercano, el GAFI iniciará una nueva ronda de evaluaciones que incluirá a México y Cuba, y se espera que para mediados de 2025 se publique una nueva evaluación sobre la amenaza global de la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este informe trabajará también sobre el fraude cibernético, que la experta señaló como una tendencia creciente que representa un desafío significativo, especialmente en el contexto de los activos virtuales, un área que América Latina apenas comienza a regular.
“Algo que es muy interesante en América Latina es el compromiso del sector privado”, lo que “permite a los gobiernos comunicarse bien y coordinarse en la aplicación” de estas acciones, destacó De Anda. Ésta es la “enorme fortaleza” de la región, concluyó.
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