Mientras era diputada en Uruguay, la frenteamplista Martina Casás (29) se sentía incómoda en su despacho en el Parlamento. El jefe de su sector, Gustavo Olmos (62) ejercía sobre ella acoso sexual –según denunció– al darle “besos”, “abrazos de despedida de jornada” y “toque en sus glúteos sin el consentimiento”. También aseguró que su compañero se “sobrepasó” en algunas invitaciones para “estar juntos” en recorridas por el interior.
Estas situaciones derivaron en una denuncia de acoso sexual y laboral, que realizó primero ante su sector político, Marea Frenteamplista, y luego ante la Justicia penal y laboral. Además, la ahora ex legisladora presentó un reclamo por despido indirecto y abusivo. Este espacio pertenece a Fuerza Renovadora, el ala socialdemócrata del Frente Amplio (la coalición de izquierda uruguaya).
El caso avanzó en el ámbito laboral este miércoles 9, cuando fueron convocados los testigos de Casás y del sector Marea Frenteamplista, al que la mujer le reclama más de 900.000 pesos uruguayos como indemnización (unos USD 21.500). En la respuesta a la demanda, el sector rechazó el reclamo y alegó que no había “asimetría de poder” entre los dos legisladores, según el texto que fue informado por Búsqueda.
“No estamos en una sede penal, el acoso sexual en el ámbito laboral no constituye delito y la señora Martina Casás no es una niña ni una adolescente”, dice la respuesta a la demanda. Cuestionan que la “supuesta asimetría de poder y desigualdad” planteada por Casás parte de un “uso indebido de conceptos como diferencia de edad y altura física”, que solo son útiles “en el análisis de la violencia sexual con niños y adolescentes”.
Marea Frenteamplista argumenta que el planteo de “desigualdad relacional” está “descontextualizado de la realidad” dado que Casás “practica el arte marcial Aikido, que deriva del uso de las armas tradicionales orientado a la defensa personal y la lucha cuerpo a cuerpo”. Olmos, en cambio, “tiene un acortamiento de la pierna izquierda” como consecuencia de un accidente de tránsito. El acusado “renguea al caminar y usa un sobre taco para mantener el equilibrio”, señaló la defensa.
El escrito niega que existiera una relación laboral entre la exdiputada y el sector y enumera situaciones en las que la joven dirigente política supuestamente no actuó de forma adecuada. Mencionan como ejemplo la vez que publicó una historia de Instagram donde nombró una marca de zapatillas que le obsequió un canje. “Fue muy evidente para algunos que mostró una concepción de la política partidaria que la comenzaba a alejar de nuestros valores”, escribió el sector en el escrito.
El caso también fue elevado al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que analizó la denuncia y laudó a favor de Olmos porque no está comprobado que haya existido el acoso laboral. Si hay novedades en la Justicia, el Frente Amplio podría cambiar de postura.
El abogado de Casás, Juan Williman, declaró en diciembre en radio Sarandí que Casás venía sufriendo desde “hace mucho tiempo” el acoso sexual y laboral que denunció. Detalló que fue algo “sostenido en el tiempo”, que la víctima intentó evitar pero no pudo. “A veces uno intenta evitarlo, pero en relaciones tan cotidianas, tan íntimas, es muy difícil evitar estas situaciones”, afirmó el defensor.
El abogado contó que cuando llevó su caso lo hizo con una “angustia importante” y destacó la “valentía” que tuvo la mujer al denunciar a Olmos, ya que se expuso a que se diga “cualquier cosa de su denuncia”. De hecho, Williman respondió una visión que indica que la situación era consentida por la diputada suplente. “Martina tiene muy claro en su fuero íntimo que no lo provocó, ni es su culpa, ni consintió ninguno de los actos de naturaleza sexual”, afirmó.
En una carta que envió a La Diaria en febrero, Casás escribió que tuvo miedo de quedarse sin ingresos, y contó que sus compañeros de sector le decían que su testimonio era difícil de creer y que denunciaba por dinero o para quedarse con la banca.
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