
El mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, designado ministro de Defensa para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, presentó de manera formal un derecho de petición dirigido al actual titular de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, para exigir la entrega de la información institucional que amerita el proceso de empalme en temas de Defensa.
De acuerdo con un comunicado, Mora López, que también es delegado del equipo de empalme, espera que el saliente funcionario del Gobierno Petro entregue “información, documentación y entrega institucional”, no solo para los fines de la transición, sino en aras de evaluar la continuidad administrativa, “transparencia, defensa del patrimonio público y preservación de las capacidades estratégicas”.
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La misiva, conocida por Caracol Radio, fue enviada el 7 de julio en Bogotá y estableció que el equipo entrante necesita información detallada, con soportes sobre la gestión administrativa, contractual, presupuestal, operacional, tecnológica, logística y jurídica de la cartera en el contexto del periodo presidencial 2022-2026.

La solicitud está basada en los artículos 23, 74 y 209 de la Constitución Política, así como en las leyes 951 de 2005, 1755 de 2015 y 1712 de 2014, que regulan el derecho de petición, la transparencia y la entrega ordenada de la gestión pública durante los cambios de gobierno.
El documento detalla la solicitud de “una respuesta de fondo, integral, clara, congruente y verificable” a cada uno de los puntos planteados. Se adjunta un cuestionario de 666 preguntas distribuidas en 85 folios, con el objetivo de “establecer de manera completa, verificable y estructurada el estado real de los asuntos del sector”, según consta en la comunicación.
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La petición exige que la respuesta, además de atender cada numeral, incluya los soportes correspondientes, precise la existencia o inexistencia de la información y fundamente normativamente cualquier reserva.
También se exigió que se identifique la autoridad competente y, cuando sea necesario, se remita la versión pública respectiva, conforme a la legislación vigente sobre acceso a la información pública.
Asimismo, el equipo de De la Espriella pidió que todos los documentos y anexos sean enviados en formatos abiertos o reutilizables, con trazabilidad y organización que permitan una adecuada revisión.
De acuerdo con el texto, el propósito es asegurar la continuidad institucional, la transparencia administrativa y la preservación de las capacidades estratégicas del ministerio.
Finalmente, la carta ofrece un canal electrónico para el envío de la información, que no se detalló en la copia divulgada por el medio mencionado.
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Los documentos y las mesas para el empalme estaban listas
Por su parte, el martes 7 de julio de 2026, desde el Ministerio de Defensa se emitió un llamado de atención al equipo designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras la ausencia de sus delegados en la sesión prevista para el proceso de empalme.
De acuerdo con declaraciones oficiales, la inasistencia se calificó como “una oportunidad perdida para fortalecer la continuidad institucional”, en vista de que el empalme “no es un acto protocolario ni una cortesía entre administraciones, sino un deber con Colombia”.

El encuentro, programado para facilitar la entrega de información y responsabilidades entre la administración saliente y la entrante, no contó con la presencia de la contraparte designada para el periodo 2026-2030, encabezada por el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López.
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El equipo de transición del gobierno saliente explicó que la mesa estaba lista, con documentos y equipos técnicos preparados, y que solo faltó “quienes debían recibir el conocimiento construido durante años de servicio al país”.
La situación se registró después de que el presidente, Gustavo Petro, desconoció la elección de De la Espriella como nuevo mandatario, lo que derivó en la orden de suspender el proceso de transición.
El ministro Sánchez reiteró que la interrupción de las sesiones fue una decisión tomada junto con el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, “hasta que existan las condiciones requeridas para desarrollar un empalme técnico, transparente, serio y respetuoso de la Constitución y la ley, en especial de la Ley 951 del 2005”.
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