La justicia chilena revirtió la autorización que había dado a presos del Tren de Aragua para hacer videollamadas desde la cárcel

(Desde Santiago, Chile) Una intensa polémica se produjo tras el dictamen del juez del Séptimo Juzgado de Santiago, Daniel Urrutia, quien autorizó que cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), vinculados al Tren de Aragua, pudieran realizar videollamadas.

Según los antecedentes hasta ahora conocidos, al menos dos reos que permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio en su contra, realizaron una videollamada con familiares el pasado 23 de enero, con la ayuda de su abogado.

Se trata de Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, sindicado como el líder de la organización criminal en Chile, y el sicario Hernán Landaeta, apodado “El Satanás”.

Estos hechos activaron la alerta en Gendarmería, institución que advirtió que dicho beneficio ponía “en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”, producto del alto grado de peligrosidad de los reclusos.

Desde Gendarmería también cuestionaron que el magistrado Urrutia permitiera además una visita de carácter íntimo al reo Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, por no existir dependencias para ese tipo de encuentros en el recinto carcelario.

“Es gravísimo”

La decisión del juez no sólo fue criticada por Gendarmería, sino que también generó rechazo en el mundo político y sobre todo, en el Gobierno.

El ministro (S) de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó el permiso, recalcando que “estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país. Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”, señaló a Mega Investiga.

El ministro aseguró que dicha resolución “pone en riesgo no sólo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal (…) Por eso esta resolución es gravísima”, sostuvo.

Gajardo afirmó que “es fundamental mantener ese régimen diferenciado, porque hay razones de seguridad, podríamos decir de seguridad nacional, para que esos criminales que son los más peligrosos de nuestro sistema penitenciario no tengan contacto con el exterior, y si tienen visitas sean a través de locutorios”.

“La resolución del juez Urrutia nos rompe esas dos premisas que son básicas en cualquier sistema de máxima seguridad que opera no sólo en nuestro país, sino que también en el mundo. Es decir, permite que estas personas tengan contacto con el exterior a través de videollamadas, donde posiblemente van a poder seguir funcionando sus bandas”, añadió.

Este viernes, mientras tanto, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo en un punto de prensa que “nos parece que esta decisión es completamente equivocada, perjudica la seguridad del país, socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y son, por lo tanto, malas señales. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, que no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales”.

Beneficio suspendido

A fin de revertir el dictamen del juez Urrutia, Gendarmería ingresó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue acogido por el tribunal, suspendiendo los beneficios hasta no resolver respecto del fondo del asunto.

La institución penitenciaria señaló en un comunicado que “más allá de lo que se determine a nivel judicial, es importante comprender que los internos en cuestión se encuentran recluidos bajo un régimen diferenciado de seguridad, ya que pertenecen a bandas criminales organizadas y poseen un alto compromiso delictual, de acuerdo a la clasificación que hace Gendarmería”.

“En ese contexto, el acceso a videollamadas con terceras personas, puede comprometer gravemente las condiciones de seguridad del establecimiento, así como del personal de Gendarmería y de la población bajo custodia institucional”, complementó.

Puntualizó que “en esa misma lógica se entiende lo referido a la visita íntima. El REPAS no tiene instalaciones destinadas a esos fines, ya que todas las visitas en ese recinto se realizan a través de locutorios”.

El juez Daniel Urrutia (48) entró en el radar público tras ganar en 2020 una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que los tribunales chilenos habían vulnerado su libertad de expresión. Tras esto ha rechazado la prisión preventiva de los presos del estallido social de octubre de 2019, pedido refundar el Poder Judicial, usar lenguaje inclusivo en los fallos e incluso disolver Carabineros.