Estados Unidos y Uruguay acordaron el intercambio de datos migratorios, un paso hacia la exención de visas

(Desde Montevideo, Uruguay) - Uno de los puntos que están en la mesa de negociaciones entre Estados Unidos y Uruguay es la incorporación de los uruguayos al listado de países que no requieren visa para ingresar al país norteamericano. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou confía en que la incorporación a la lista es “inminente” y esta semana su gobierno dio un paso más en esta dirección con la firma de un acuerdo de cooperación que refiere al intercambio de información.

El Ministerio del Interior uruguayo y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos formalizaron un memorando de cooperación, que se centra en el intercambio de información y hace “énfasis en datos biométricos”, informó el titular de esa cartera, Nicolás Martinelli. El objetivo, aseguró el jerarca, es mejorar la seguridad fronteriza.

El acuerdo fue firmado por Martinelli y la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton, e implica “un paso más hacia el programa de exención de visas”, destacó. “Uruguay está muy cerca de ser uno de los pocos países en el mundo que no necesitará visa para ingresar”, celebró. Chile también está en esa lista.

A partir del intercambio de estos datos, se podrá verificar la identidad de los viajeros, determinar su “estatus migratorio” e identificar “posibles amenazas vinculados al terrorismo o la delincuencia”.

Este memorando, agregó Martinelli, busca “verificar la identidad de las personas” que solicitan la admisión, el ingreso, tránsito, partidas, visas u otros beneficios migratorios. También pretende apoyar las decisiones sobre “inadmisibilidad o expulsión”, conforme a las leyes de los dos países. A su vez, permite promover la prevención, detección e investigación de delitos graves como el terrorismo”, destacó el jerarca del gobierno.

“Esta firma representa un avance significativo en la colaboración bilateral, orientado a fortalecer y salvaguardar los intereses de ambas naciones”, finalizó el ministro del Interior.

Fulton, en tanto, detalló que el acuerdo permitirá “proteger mejor” las fronteras con “intercambios efectivos de información”. “Estados Unidos se enorgullece de continuar asociándose con el Ministerio del Interior y otros socios en Uruguay”, declaró, según destacó la embajada en la red social X.

La coordinadora administrativa de la Dirección Nacional de Migración, Soledad Sánchez, dijo en rueda de prensa que los dos estados trabajan desde “hace varios años” en una agenda migratoria conjunta. El acuerdo supone que el intercambio de información se va a implementar con datos de los “viajeros frecuentes”.

A fines de noviembre, el mandatario uruguayo había destacado que las conversaciones entre los dos Estados para lograr la exención van “por buen camino”, aunque prefirió ser cauto y no “adelantar los tiempos”. El asunto estuvo sobre la mesa en una reunión que Lacalle Pou mantuvo con el presidente Joe Biden.

En junio de 2023, un grupo de senadores republicanos y demócratas presentaron un proyecto de ley en el Congreso para eliminar los aranceles a productos uruguayos, sacar el requerimiento de visa para los empresarios y empezar a estudiar que se deje de pedir este documento a cualquier ciudadano.

La iniciativa solicita que se incluya de inmediato a Uruguay entre los países que pueden acceder a los tipos de visa E1 y E2, pensado para personas que tienen algún tipo de actividad comercial y para los inversionistas, respectivamente.

El proyecto fue presentado por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, su compañero de partido Tim Kaine, y el republicano Bill Hagerty. Menéndez destacó en un comunicado que Uruguay es “una nación que se destaca como líder mundial por su compromiso por la democracia y el Estado de Derecho”.

La iniciativa presentada en el Congreso propone que la Casa Blanca lleve a cabo una revisión sobre si Uruguay cumple con los criterios para ser designado como un país del “programa de exención de visa”, definido en la Ley de Inmigración y Ley de Nacionalidad. La propuesta prevé un plazo de 90 días, desde su promulgación, para confirmar que el país cumpla con los criterios para ser elegido.