El Ayuntamiento de San Pablo firmó este lunes un contrato para instalar en las calles 20.000 cámaras con tecnología de reconocimiento facial para combatir la delincuencia, a las que se podrán sumar otros 20.000 aparatos de ciudadanos y empresas.
El Consistorio de la mayor ciudad de Brasil y Sudamérica prevé empezar por la región central, una de las más degradadas, y concluir la instalación en 18 meses, con un foco en las escuelas, parques y en las áreas “con mayor índice de criminalidad”.
Las cámaras cotejarán las imágenes grabadas con las bases de datos de personas buscadas por las fuerzas de seguridad y enviarán una alerta cuando la coincidencia de los rasgos faciales sea mayor al 90 %.
Cuando eso suceda, las imágenes serán analizadas primero por un comité de operación del programa y luego enviadas, si fuera necesario, a la Policía.
En un país marcado por la violencia policial contra las personas negras, las autoridades municipales aseguraron que estas cámaras no son capaces de reconocer el color de la piel de los transeúntes.
El Ayuntamiento se vio obligado a suspender la licitación de una versión anterior del contrato que sí preveía el rastreo del color de la piel, lo que llevó al rechazo de algunos concejales de izquierda y a la presentación de una denuncia ante la fiscalía por parte de 50 organizaciones sociales.
El consorcio ganador del contrato retocado, formado por varias empresas brasileñas del sector de la seguridad, recibirá una compensación de 9,8 millones de reales mensuales (2 millones de dólares o 1,8 millones de euros) por operar el sistema de vigilancia.
“Hemos visto que el uso de cámaras ha ayudado en muchas identificaciones de criminales”, señaló durante la firma el alcalde Ricardo Nunes, de centroderecha.
El plan del videovigilancia, conocido como “Smart Sampa”, ha provocado críticas por las consecuencias que puede acarrear para el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Frente a estas dudas, Nunes afirmó que van a establecer un sistema de control “muy rígido” para proteger los datos de los ciudadanos y que “quien no haya hecho nada contra la ley puede despreocuparse”.
Por otro lado, lanzó una advertencia a quienes “traen trastorno para la sociedad” y dijo que “esas personas tienen que estar preocupadas”.
San Pablo cerró 2022 con la menor cifra de homicidios dolosos desde que empezaron los registros hace dos décadas y no figura entre las 50 ciudades más peligrosas de Brasil, según una lista de la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
(Con información de EFE)
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