La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) expresó este marte su preocupación por la extrema judicialización del proceso electoral en Guatemala y dijo que observa de cerca los posicionamientos y peticiones de los secretarios de nueve partidos políticos en el país centroamericano.
El sábado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, ordenó al Tribunal Supremo Electoral, de manera provisional, que no oficialice los resultados de los comicios generales efectuados el pasado domingo.
En un comunicado de prensa, la Corte de Constitucionalidad informó sobre su decisión al avalar un recurso legal interpuesto por nueve partidos de la política tradicional guatemalteca, quienes argumentan que temen que se “adjudiquen” cargos sin revisar nuevamente las actas de votación.
Sin embargo, la MOE/OEA destacó la alta presencia de fiscales de los partidos políticos durante los comicios, un hecho que también fue corroborado por otros observadores electorales tanto nacionales como internacionales. También constató la presencia de fiscales de al menos cuatro agrupaciones políticas en todos los momentos clave del proceso electoral, desde la apertura hasta el cierre y el escrutinio.
Además el organismo señaló que, a pesar del elevado número de fiscales partidarios presentes, el total de votos impugnados fue relativamente bajo, lo que indica que las propias organizaciones políticas encontraron poco que objetar el día de la elección.
“La Misión desea enfatizar que algunos de los partidos políticos que ahora buscan, por la vía de amparo, impugnar los resultados electorales, fueron precisamente los que contaron con mayor presencia de fiscales en las mesas de votación el 25 de junio”, señaló la OEA en el comunicado.
Además, reiteró que los casos de actas cuestionadas representan situaciones aisladas que no alteran las preferencias expresadas en las urnas de cara a la segunda vuelta presidencial. Y concluyó que no existen razones para sospechar que se hayan producido irregularidades de tal magnitud que afecten las opciones del electorado en la carrera presidencial.
“Misiones anteriores de la OEA se habían pronunciado sobre la alta judicialización del proceso electoral guatemalteco. Esa situación se ve hoy agravada por la instrumentalización de la justicia para buscar la invalidación de una elección que el domingo 25 de junio registró la voluntad popular. Los mecanismos de impugnación en un proceso electoral democrático deben ser taxativos y alcanzar definitividad, un principio fundamental para otorgar a la ciudadanía certeza de que sus preferencias emanadas del voto no estarán siempre sujetas a revisión”, señaló.
Ante esta situación, la Secretaría General de la OEA instó al respeto de la separación de poderes, la autonomía de la autoridad electoral y la integridad del proceso electoral. Asimismo, enfatizó la importancia de que las competencias de las distintas instancias judiciales sean respetadas y que las decisiones de amparo o rechazo se tomen de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación electoral.
“Alimentar una narrativa de fraude sin el sustento probatorio menoscaba la voluntad popular y la institucionalidad democrática. Las elecciones se deben de ganar en las urnas, no inhabilitando candidaturas o impugnando resultados legítimos que emanan del electorado. En el juego democrático, corresponde a los ganadores actuar con humildad y a los perdedores con dignidad”, concluyó.
El triunfo en riesgo
El sorpresivo segundo lugar obtenido en las elecciones presidenciales del 25 de junio por el partido socialdemócrata Semilla, nacido de las manifestaciones contra la corrupción en 2015, puede estar en riesgo según habían advertido este viernes y sábado varios sectores.
Algunos de ellos criticaron que la Corte de Constitucionalidad se involucrara en un recurso que supuestamente le correspondía resolver al Organismo Judicial, mientras que otros recordaron que dos de los cinco magistrados de la entidad fueron aliados en el pasado de Giammattei y Ríos Sosa.
“Los operadores del pacto de ‘narcocorrupción’ demuestran una clara intención de traerse abajo el resultado de las elecciones porque no les favorece. ¡Ya no más socavo a la democracia!”, aseguró el colectivo JusticiaYa.
Por su parte, Arévalo de León aseveró mediante sus canales de comunicación oficiales que se debe “respetar la voluntad del pueblo” y que “vamos a defender la democracia”.
De igual forma, este mismo sábado la misión de observación de las elecciones de la Unión Europea instó a las autoridades del país centroamericano en sus redes “a que se respete la clara voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 25 de junio”.
La segunda vuelta electoral para definir al presidente guatemalteco para el período 2024-2028 está programada para el próximo 20 de agosto entre Torres y Arévalo de León.
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