El ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su esposa, Rocío González, deberán presentarse mensualmente en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay; y cada cuatro meses ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Estas medidas fueron aprobadas por un magistrado ecuatoriano dentro de la investigación por cohecho que involucra a Moreno, a su esposa, a una de sus hijas, a dos hermanos del ex presidente y a dos de sus cuñadas, además de a otras 31 personas.
El conjuez nacional Bayardo Espinosa revisó las medidas cautelares para el inicio de la intrucción fiscal del caso Sinohydro, que empezó en el 2019 como el caso INA Papers. En un principio se había resuelto que Moreno y su esposa se presentaran cada 15 días en la Corte Nacional en Quito, pero la defensa del ex mandatario argumentó que la medida era desproporcionada, puesto que Moreno vive, desde el 2022, en Paraguay, además que los viajes pueden afectar la salud del ex presidente, que tiene 70 años y 81% de discapacidad.
La formulación de cargos del caso Sinohydro, como la Fiscalía lo denominó, inició el pasado febrero de 2023. La fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó que las investigaciones muestran que existió “una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional”, entre el 2009 y 2018. Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013 y luego presidente de Ecuador, entre 2017 y 2021. Según la Fiscalía Moreno habría recibido millonarios sobornos por parte de la empresa para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Según el Código Penal de Ecuador, los servidores públicos que reciban o acepten, por sí mismos o a través de terceros, algún beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero,” sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
En una carta publicada en su cuenta de Twitter, Moreno dijo en febrero que: “No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra ‘más emblemática’ de la Revolución Ciudadana”. En marzo de este año, La fiscal Salazar pidió el arresto domiciliario del ex presidente Lenín Moreno.
Durante el gobierno de Rafael Correa, quien estuvo en el poder entre el 2007 y el 2017, inició la construcción de la hidroeléctrica. El proyecto inicial le costaría al Estado USD 900 millones aproximadamente. Sin embargo, en el 2010, el entonces ministro de Energía, Alecksey Mosquera, modificó el contrato para que la hidroeléctrica produjera 1.500 MW de energía, elevando su valor inicial a USD 2.000 millones. Mosquera fue sentenciado por corrupción dentro de la trama Odebrecht en el 2018. El ex ministro aceptó haber recibido USD 1 millón en coimas de la constructora brasileña a cambio de contratos.
En febrero de 2019, la Contraloría General del Estado estableció en un informe que la obra generó perjuicio económico al país por las fisuras existentes y estableció que “en tanto no se cumplan las estipulaciones contractuales, (el Estado) se abstendrá de aceptar la recepción definitiva del proyecto”. El perjuicio, por el que Ecuador presentó una solicitud de arbitraje en contra de la empresa china Sinohydro ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, supera los USD 1.000 millones.
La central hidroeléctrica construida por Sinohydro tiene más de 17.000 fisuras que no han dejado de aparecer pese a que ha sido reparada en cinco ocasiones.
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