Guillermo Lasso se defenderá ante el Congreso en el juicio político

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se defenderá ante el Congreso en el juicio político. Así lo ha confirmado Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Esta aclaración llegó luego de que se debatiera en la opinión pública la posibilidad de que Lasso aplicara la disolución anticipada de poderes representativos y convocara a elecciones anticipadas. Este recurso constitucional, que puede ser activado por el Jefe de Estado o por el congreso, permite al presidente disolver la Legislatura, convocar a nuevas elecciones y gobernar por decreto ley. Sin embargo, ha sido descartado por el Ejecutivo, según se anunció.

“Esa figura, que está en la Constitución, la puede ejercer en cualquier momento. Pero hoy estoy diciendo que nos vamos a defender en este malhadado juicio político. La figura de disolución de la Asamblea es una prerrogativa que la evaluará el presidente”, dijo Cucalón a la prensa.

El trámite de juicio político en contra de Guillermo Lasso fue admitido parcialmente por la Corte Constitucional y regresó al Congreso, en donde deberá analizarse en distintas instancias. Al menos quedan 45 días hasta que el Pleno de la Legislatura sesione y decida si Lasso se mantiene o no en el poder. Para destituirlo se necesitan 92 de 137 votos.

La mañana del jueves, los ministros, los diputados oficialistas y asesores se reunieron en el Palacio de Carondelet en Quito. Fue entonces cuando Cucalón se dirigió a la prensa y aseguró que el juicio político es un intento más para desestabilizar a la administración de Lasso.

Esta es la tercera vez en la que Lasso se enfrenta a un intento de sacarlo del poder, desde que asumió la Presidencia en mayo de 2021. Antes ya enfrentó una moción de la oposición de la Asamblea Nacional para activar la disolución anticipada de poderes, conocida como muerte cruzada. Este intento sucedió en medio de las protestas de diversos sectores sociales que paralizaron al país por 18 días. Los manifestantes también pedían que Lasso saliera del poder.

La noche del jueves, en una cadena nacional de 18 minutos, el presidente Lasso se dirigió al país y aseguró que es inocente, que se defenderá y que la oposición intenta “asesinar su reputación”. El mensaje del mandatario ha sido cuestionado fuertemente por algunos sectores de la opinión pública, pues argumentan que la desconexión de Lasso con los problemas del país es evidente. Además, se ha criticado el uso del verbo asesinar. Esto porque Ecuador se enfrenta a una ola de violencia que supera, en algunas ciudades, los 10 asesinatos por día. Tan solo la mañana del 30 de marzo, un hombre vivió horas de terror luego de que delincuentes ataran a su cuerpo 14 explosivos.

Tanto Lasso como Cucalón han asegurado que respetarán la decisión de la Corte Constitucional, pero han sido enfáticos en no compartir la argumentación de los jueces: “Creo que había los elementos suficientes para no dar paso. Sin embargo, esa es la facultad que tiene la Corte Constitucional. No hace valoración sobre los asuntos de fondo, ni las pruebas ni lo que eso conlleva, pero lo haremos nosotros. Tenemos la verdad y lo demostraremos ante la Asamblea Nacional”, dijo el ministro.

El congreso enjuiciará políticamente a Lasso por presunto peculado, un delito en contra de la administración pública entendido como el abuso, apropiación o disposición arbitraria de recursos públicos. La argumentación de los proponentes recae sobre un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) que suscribió contratos con Amazonas Tanker para el transporte de crudo.

Lasso ha sostenido que los contratos de FLOPEC fueron firmados en diciembre de 2018, con un alcance de diciembre de 2020: “No me pueden atribuir algo que no hice porque no era Presidente en esas fechas”. Además, ha señalado que dicho contrato, del gobierno anterior, solo tiene recomendaciones técnicas de Contraloría, no indicios de responsabilidad penal.

A pesar de esa defensa de Lasso, uno de los hechos que demostrarían el presunto peculado es que, en marzo de 2022, se destituyó al gerente de FLOPEC, Jhonny Estupiñán, por haber suspendido los contratos con Amazonas Tanker. El entonces coordinador de las empresas públicas, Hernán Luque, le habría pedido la renuncia al funcionario. Esta situación quedó narrada en una carta que Estupiñán envió al presidente Lasso.

Por esta razón, los proponentes del juicio político responsabilizan a Lasso de no haber actuado a favor de los intereses del Estado pues, a pesar de que habría conocido sobre el perjuicio de estas contrataciones, no removió a quienes impulsaban que Amanzonas Tanker continuara trabajando con FLOPEC.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Fernando Villavicencio, en declaraciones con la prensa aseguró que existen contradicciones alrededor de la acusación en contra de Lasso. El legislador ha manifestado que Mireya Pazmiño, de Pachakutik, quien ha hablado a favor del juicio político, impulsó un informe a favor de Amazonas Tanker. Dicho documento incluso tendría firmas de respaldo de la bancada correísta, según ha asegurado Villavicencio.

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