
El comandante del Ejército de Brasil, el general Tomás Paiva, negó que se produjera irregularidades durante las elecciones, después de que los propios militares supervisaran el proceso tal y como les pidió Jair Bolsonaro, al que reprochó de haber intentado “interferir” en las tropas.
“Nosotros participamos en la fiscalización, hicimos informes, hicimos de todo. ¿Se constató el fraude? No”, dijo Paiva durante una reunión que mantuvo con otros mandos militares el 18 de enero, pero cuyo contenido se pudp conocer este martes a través de unos audios que fueron publicados por varios medios brasileños.
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En ese sentido, el general Paiva señaló que Bolsonaro lanzó acusaciones sobre fraude electoral porque estaría molesto por su derrota “mínima” en las elecciones frente al ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Para Paiva, esa “sensación” de fraude se extendió porque el resultado de las elecciones fue “apretado”. Sin embargo, “desde el punto de vista del trabajo realizado por el Ejército no pasó nada, no hubo nada”, una versión que fue transmitida en un informe final al Ministerio de Defensa.
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“Él tuvo más votos en estas elecciones que en las otras. La diferencia fue muy pequeña, fue mínima, entonces dice eso, ‘eh, general, hubo fraude’”, dijo Paiva, quien también contó cómo Bolsonaro intentó influir en el Ejército en los meses previos a las elecciones.
En ese sentido, señaló que se produjeron “ciertas injerencias directas del Gobierno en el área militar”, como una concentración motera en la Academia Militar de las Agujas Negras, que fue suspendida por altos mandos del Ejército, y trasladar el desfile por el día de la independencia del 7 septiembre desde Brasilia a Río de Janeiro, donde ese día había una concentración en apoyo a Bolsonaro.
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Paiva fue elegido comandante del Ejército después de la dimisión presentada por Júlio César de Arruda tras los ataques a las instituciones del pasado 8 de enero, entre sospechas de que pudo haber connivencia de los militares en la invasión de las sedes de los Tres Poderes, objetivo de las iras de los afines a Bolsonaro.
Por otra parte, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva quiere que Bolsonaro comparezca ante los tribunales brasileños en los próximos meses y está considerando opciones para obligarlo a regresar al país si no vuelve voluntariamente a fines de marzo, según un alto asesor del líder de izquierda.
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Es poco probable que Bolsonaro, quien ha estado de vacaciones en Florida desde antes del final de su mandato el año pasado, sea arrestado a su regreso a Brasil, dijo el asesor, que solicitó el anonimato. El ex mandatario está siendo investigado en varios frentes, incluso por presuntamente incitar el intento de golpe de Estado en Brasilia el 8 de enero, pero no se han presentado cargos formales en su contra.
Los casos que involucran al ex presidente también incluyen denuncias de planear un golpe de Estado con ciertos de sus allegados, algunos de los cuales han sido arrestados, y sus acusaciones no probadas sobre la integridad del sistema de voto electrónico de Brasil en un evento con embajadores extranjeros. Se espera que sea interrogado durante las investigaciones. De ser hallado culpable, podría perder sus derechos políticos por varios años, tras lo cual quedaría inelegible para postularse a la presidencia en las próximas elecciones.
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Con información de Europa Press
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El Gobierno de Lula fijó para abril la fecha límite para el regreso de Bolsonaro a Brasil
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