En el marco de la celebración del Día de las Madres, el diputado del Frente Amplio Antonio Trejos Mazariegos presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley expediente N.° 25.714, una propuesta que busca modificar las reglas para la inscripción de los apellidos y garantizar que las familias puedan decidir libremente su orden.
La iniciativa parte de un debate que ya llegó a la Sala Constitucional y que, según sus impulsores, mantiene un vacío jurídico en relación con las personas menores de edad. El proyecto pretende establecer expresamente que madres y padres tengan las mismas posibilidades para determinar cuál de sus apellidos aparecerá primero en el nombre de sus hijos e hijas.
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El legislador sostiene que la legislación actual mantiene una lógica que históricamente ha otorgado prioridad al apellido paterno, pese a que la jurisprudencia constitucional ya cuestionó esa práctica desde la perspectiva de los derechos fundamentales.
“Celebrar a las madres también significa reconocerlas en igualdad. No existe ninguna razón para que la ley siga presumiendo que el apellido del padre debe tener prioridad sobre el de la madre”, afirmó Trejos al presentar la propuesta.
El diputado agregó que el nombre constituye un elemento fundamental de la identidad de cada persona y cuestionó que las familias tengan que recurrir a procesos judiciales para conseguir que se reconozca el apellido materno en primer lugar.
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“El nombre es parte de nuestra identidad y ninguna familia debería tener que acudir a los tribunales para ejercer este derecho”, señaló.
Un fallo constitucional que dejó un vacío
Uno de los principales antecedentes de la propuesta es la sentencia N.° 2024-1728 de la Sala Constitucional, mediante la cual se declaró inconstitucional la imposición automática del apellido paterno antes que el materno.
La resolución consideró que esa regla tiene una raíz patriarcal y resulta incompatible con principios como la igualdad y la no discriminación, además de relacionarse directamente con los derechos fundamentales al nombre y a la identidad.
Sin embargo, según explica el Frente Amplio, el alcance de esa resolución se circunscribió a las personas mayores de edad, por lo que no resolvió de manera expresa qué ocurre cuando se trata de la inscripción de una persona menor de edad.
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Ese escenario dejó una zona sin regulación específica que ahora el proyecto 25.714 pretende atender mediante una reforma legislativa.
El tema volvió recientemente a conocimiento de la Sala Constitucional luego de que una familia presentara un reclamo relacionado con su intención de inscribir a una persona menor de edad con el apellido materno en primer lugar.
Para los impulsores de la iniciativa, este nuevo caso evidencia la necesidad de que exista una norma clara que permita a las familias ejercer este derecho sin depender de interpretaciones judiciales particulares.
La propuesta también contempla la diversidad cultural
El proyecto incorpora además una dimensión vinculada con el reconocimiento de la diversidad cultural presente en Costa Rica.
La iniciativa toma en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas Bribri y Cabécar, cuyas estructuras tradicionales de filiación y pertenencia contemplan sistemas de carácter matrilineal.
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Para el Frente Amplio, reconocer esta diversidad resulta relevante al momento de establecer reglas generales sobre la inscripción de los apellidos, ya que las formas de organización familiar y de transmisión de pertenencia no responden necesariamente a un único modelo.
La propuesta, por tanto, no se limita a modificar el orden administrativo de los apellidos, sino que plantea una discusión más amplia sobre igualdad, identidad, derechos familiares y diversidad cultural.
Un antecedente que ya había avanzado en el Congreso
La iniciativa presentada por Trejos también retoma esfuerzos legislativos anteriores.
Entre ellos se encuentra el expediente N.° 23.281, Ley de igualdad en la inscripción de los apellidos, que había recibido un dictamen afirmativo unánime durante su trámite legislativo.
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Sin embargo, ese proyecto terminó archivado debido al vencimiento del plazo cuatrienal, por lo que la discusión no llegó a convertirse en una reforma legal vigente.
Con el nuevo expediente 25.714, el Frente Amplio busca reabrir ese debate y establecer mediante ley una regla que permita a madres y padres decidir, bajo condiciones de igualdad, el orden de los apellidos de sus hijos e hijas.
La discusión legislativa se plantea así en un contexto en el que la Sala Constitucional ya cuestionó la prioridad automática del apellido paterno, pero persiste la necesidad de definir expresamente cómo debe aplicarse ese principio cuando se trata de personas menores de edad.
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Para los impulsores del proyecto, legislar sobre este punto permitiría evitar nuevos conflictos judiciales, reconocer el derecho a la identidad y garantizar que la inscripción de los apellidos responda a una decisión familiar y no a una presunción basada en el género de los progenitores.
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