Estados Unidos condenó la persecución contra ex funcionarios anticorrupción en Guatemala

Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, aseguró que los pedidos de detención contra ex miembros de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad son acciones que “debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia”

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Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina (Rod Lamkey/CNP/ABACAPRESS.COM)
Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina (Rod Lamkey/CNP/ABACAPRESS.COM)

Estados Unidos arremetió este martes contra las autoridades guatemaltecas por ordenar la captura de ex funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigaron la corrupción en el país.

“Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, criticó en redes sociales el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

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“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, indicó el funcionario norteamericano.

Dentro de este caso, el Ministerio Público de Guatemala anunció acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, quien estuvo al frente de la Cicig, lo que ha abierto un conflicto diplomático entre ambos países.

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La Fiscalía del país centroamericano solicitó el lunes la captura de David Gaitán, ex abogado de la Cicig por supuestas irregularidades en el caso de investigación que implica a la constructora brasileña Odebrecht.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei junto a la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue señalada por corrupción por Estados Unidos
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei junto a la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue señalada por corrupción por Estados Unidos

Lo acusa del delito de abuso de poder por haber participado en la suscripción de varios convenios de cooperación, supuestamente anómalos, con directivos de Odebrecht.

Por dicho caso también se lanzó una orden de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara guatemalteco-americana (Amcham), la ex secretaria general del MP, Mayra Véliz, y la ex fiscal general, Thelma Aldana.

También aseguró que emprenderá acciones legales contra Velázquez, quien fuera jefe de la Cicig entre 2013 y 2017, periodo durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.

Tras las acusaciones, el ministro colombiano defendió su trabajo en Guatemala. “No he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala”, aseguró el responsable de la cartera de Defensa en un comunicado, al tiempo que dijo tener “la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro y advirtió que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía guatemalteca sigue adelante.

Ambos Gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores en modo de protesta.

Las órdenes de captura emitidas por la Justicia guatemalteca abrieron un conflicto diplomático entre Guatemala y Colombia (REUTERS/Luisa González)
Las órdenes de captura emitidas por la Justicia guatemalteca abrieron un conflicto diplomático entre Guatemala y Colombia (REUTERS/Luisa González)

El diputado de oposición guatemalteco Samuel Pérez aseguró este martes que el proceso legal que podría iniciarse en el país centroamericano contra el ministro de Defensa colombiano es una “revancha” por su papel en la lucha contra la corrupción hace unos años.

“Es una revancha con rencor, porque las personas que ahora gobiernan fueron investigadas por corrupción” declaró a la agencia de noticias EFE el diputado Pérez, de la bancada Semilla. “El Gobierno actual cooptó las instituciones públicas como el MP para perseguir a sus adversarios y es evidente que no cuentan con la aprobación de la población”, añadió.

El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad desde 2021, fue incluido en la “lista negra” de actores corruptos de los Estados Unidos en 2022, acusado de crear casos contra operadores de justicia.

(Con información de EFE)

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