Luego de que Pedro Castillo fuera destituído tras intentar realizar un autogolpe en Perú, México, Colombia, Bolivia y Argentina defendieron el accionar del ahora ex mandatario, no se refirieron a su intento de diluir el Congreso peruano y plantearon su “preocupación por los recientes sucesos” en el país latinoamericano.
En un comunicado, los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Argentina expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
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“Para el mundo no es novedad que el presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, sostiene el comunicado.
En esa línea, los cuatro países instaron “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
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Por último, el comunicado concluyó: “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.
Manifestantes que piden renuncia de Boluarte cortan carreteras por todo Perú
Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados este lunes por manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso con la quema de ruedas y contenedores, informó la Policía Nacional.
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El punto donde se han registrado protestas más numerosas es la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa -una de las cunas de la minería peruana-, donde cerca de 4.000 personas participan en una protesta que fue de las primeras en comenzar en todo el país.
Las regiones del sur de Perú, regiones donde el ex presidente Pedro Castillo tiene más apoyo, suman la mayoría de los cortes de la red de carretas, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también tomaron el aeropuerto internacional, y Cuzco.
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En el norte del país, la Policía Nacional de Perú (PNP) solo ha registrado cortes de carreteras en la provincia costera de Trujillo, donde una centena de pobladores de la región de Viru han cortado la Panamericana Norte en los kilómetros 503 y 512 para pedir la liberación de Castillo.
Los cuerpos policiales han contado al menos seis puntos cortados en Arequipa, los mismos que en Cuzco y dos más que en la costera provincia de Ica.
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Otras provincias del sur e interior del país como Puno, Abancay, Uyacali y Tacna también han sufrido cortes de carreteras por parte de los manifestantes.
En total, la Policía peruana cuenta que más de 6.000 manifestantes contra el Gobierno de Dina Boluarte son los causantes de los cortes de carreteras que afectan a miles de conductores.
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Medios locales también reportaron que se ha suspendido la venta de billetes de autobús en diversos puntos del país por precaución frente a los paros en carreteras, lo que ha dejado a pasajeros incomunicados.
Este lunes se han multiplicado una serie de movilizaciones y protestas en distintas regiones del país por grupos que rechazan la destitución del expresidente Pedro Castillo, así como la asunción de Boluarte y reclaman la convocatoria a un adelanto de elecciones generales.
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Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
(Con información de EFE)
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