Organizaciones civiles de El Salvador denunciaron retrocesos en el acceso a la información pública

Un grupo de organizaciones civiles condenó este miércoles los “retrocesos y vulneraciones” en el acceso a la información pública generados desde el Estado en El Salvador.

“Condenamos los retrocesos y vulneraciones al derecho de acceso a la información pública por parte de las instituciones del Estado”, indicaron nueve organizaciones.

También rechazaron “toda actuación que vaya en detrimento del derecho de acceso a la información pública y la garantía de los derechos de todas las personas”.

Las organizaciones pidieron a la comunidad internacional “estar vigilante y condenar los graves retrocesos que repercuten en la garantía del derecho de acceso a la información en El Salvador”.

“En El Salvador, este derecho está siendo cada vez más debilitado, lo cual se ve reflejado en serios retrocesos como vulneraciones a la Constitución y a las leyes, falta de adopción y cumplimiento de los estándares internacionales y la tendencia a convertir el secreto en la regla general en las actuaciones del Estado”, advirtieron.

La misiva fue firmada por la Universidad Centroamericana (UCA), Cristosal, Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) y Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

También se pronunciaron Grupo Promotor LAIP, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación Democracia-Transparencia-Justicia (DTJ), Acción Ciudadana y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Estas condenas se dan en medio del creciente rechazo al anuncio de reelección por parte del presidente Nayib Bukele.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador señaló la semana pasada en comunicado que diversos artículos de la Constitución “prohíben expresamente la reelección presidencial inmediata”.

El pronunciamiento de la ANEP se produjo luego que Bukele comunicara que buscará la reelección en los comicios de 2024 para “continuar” con el camino que ha “iniciado” con su llegada al Ejecutivo en 2019.

“Los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución de la República de El Salvador prohíben expresamente la reelección presidencial inmediata”, señaló la ANEP en un breve comunicado.

Agregó que “respetar las leyes de la República es fundamental para que prevalezca el orden democrático, la separación de poderes, el respeto de los derechos y el bienestar social”.

“Renunciar a estos principios es perder los derechos y garantías que representan las condiciones fundamentales sobre la cual podemos y debemos construir un futuro próspero para todos”, agregó la entidad que agrupa a 50 gremiales empresariales, formadas por 15.000 empresas formales.

En su portal web, la ANEP también indicó que “son siete las disposiciones constitucionales que expresamente contienen esa prohibición” y que en ese sentido “fueron aprobadas por los constituyentes, y así lo ha interpretado la Sala de lo Constitucional en dos conformaciones distintas”.

La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo en 2024 se abrió en septiembre de 2021, cuando una cuestionada Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio de interpretación del artículo 152 de la Carta Magna que se había emitido en 2014.

Antes de dicha resolución, quien ocupaba la Presidencia debía esperar 10 años después de concluir su mandato.

Ahora, Bukele es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña que intentará reelegirse, dado que esta situación no se daba desde la época de la dictadura militar.

Desde el anuncio de la decisión de Bukele la semana pasada, tanto miembros de la oposición del país como representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su rechazo y preocupación por el futuro de la democracia en El Salvador..

Tras llegar a la Presidencia salvadoreña en 2019, Bukele calificó de “dictadores” a Juan Orlando Hernández y a Daniel Ortega, quienes se pudieron reelegir en Honduras y Nicaragua, respectivamente, gracias a resoluciones de cortes constitucionales.

Con información de EFE

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