El oficialismo chileno logró un acuerdo para realizar una serie de cambios al texto de la eventual nueva Constitución presentada por la Convención Constitucional. Esto se produce a 25 días del plebiscito nacional.
El acuerdo del oficialismo chileno nace para entregar mejoras al texto propuesto por la Convención Constitucional en caso que gane el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.
El acuerdo titulado “Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución” consta de cinco puntos. El primero tiene que ver con la plurinacionalidad, específicamente sobre la Consulta Indígena, el oficialismo propone que “se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
Sobre consentimiento previo que está en la propuesta de la eventual nueva Constitución el acuerdo propone “que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible a temas de carácter nacional o reformas constitucionales”. Por otro lado, la justicia indígena también fue abordada por el oficialismo y se propone que “no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial”.
El segundo punto tiene que ver con los Derechos Sociales y el acuerdo en el oficialismo propone que, en materia de pensiones, “nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será base a un nuevo modelo mixto”. Sobre la propiedad de viviendas “el derecho de vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados” y que “se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
En lo que se refiere a Salud el acuerdo dice que se “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” y que “la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados”.
Seguridad y sistema político
En materia de seguridad el acuerdo abordó el Estado de Excepción y se propone “establecer en la Constitución el estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales”.
El acuerdo del oficialismo chileno también incluyó el Sistema Político. El texto de la Convención Constitucional propone participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, sin embargo, “nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”, dijeron desde sectores de gobierno.
Sobre las iniciativas de gasto fiscal el oficialismo propuso que se “respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal”, y que “creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado”. La reelección presidencial también fue considerada y se acordó que “no proceda consecutivamente”.
Finalmente, sobre el Poder Judicial, el acuerdo propone reemplazar, en la Constitución, la denominación “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial” y “revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces”.
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