El Congreso del Ecuador aprobó con 107 votos de un total de 137 escaños, el informe legislativo que califica como esclavitud moderna los abusos laborales que sufrieron centenares de trabajadores abacaleros en las 32 haciendas de la compañía Furukawa Plantaciones C.A. en Ecuador. Especialmente 123 trabajadores de estos presentaron su caso ante la justicia que falló a su favor y actualmente la legislatura ecuatoriana se suma a respaldar la denuncia sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en estas plantas agrícolas.
El pleno legislativo reconoció la existencia de la esclavitud moderna como práctica de la compañía Furukawa Plantaciones C.A. colocando a los trabajadores y a sus familias en un estado explotación e inseguridad equivalente al esclavismo de tierra llamada también como servidumbre de la gleba.
Furukawa Plantaciones C.A., es una compañía de origen y capital japonés, que se estableció en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas en 1963 y que se dedica al cultivo y al procesamiento del abacá, planta de la que se fabrica papel. Por su durabilidad, también es un componente en la industria textil y automotriz.
Actualmente, Furukawa Plantaciones C.A. posee unas 32 fincas en las provincias de Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Sin embargo, desde que la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentó el Informe de Verificación de Derechos Humanos el 21 de marzo de 2019, muchos campamentos agrícolas de la compañía han sido abandonados o desmantelados.
Con un acuerdo ministerial expedido el 8 de septiembre de 2005, emitido por el exsecretario del trabajo Galo Chiriboga, quien luego se convirtió en ministro y fiscal del gobierno de Rafael Correa, se reconoció públicamente a Hiroko Furukawa, representante de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador, por su trabajo en el fortalecimiento, promoción e industrialización del abacá.
En una sentencia histórica expedida el 19 de abril de 2021, la justicia declaró a Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y al estado de Ecuador como culpables de esclavizar a 123 campesinos abacaleros. El entonces ministro del Trabajo, Andrés Isch, tuvo que derogar el reconocimiento concedido a la empresa y anunció que obedecería las disposiciones ordenadas por la justicia. Al poco tiempo de conocerse la sentencia judicial en favor de los trabajadores de la empresa y que calificó como esclavitud moderna la situación sufrida, el Ministerio del Trabajo emitió un nuevo acuerdo ministerial, revocando la felicitación a la empresa abacalera. Según la sentencia las víctimas deben recibir indemnizaciones, tierras y disculpas públicas.
Actualmente, unas 50 personas viven en dos campamentos en la Hacienda Isabel, a 42 kilómetros de la carretera Santo Domingo-Quevedo, de las cuales 1.244 personas fueron, en su momento, identificadas por el Estado ecuatoriano como trabajadores en condiciones de explotación humana y laboral.
En el informe se concluye que la empresa utilizó la figura de un contrato civil para esquivar sus obligaciones salariales, laborales, patronales y de seguridad social con los trabajadores de la hacienda, tal y como lo determina el Código del Trabajo del Ecuador y las disposiciones internacionales de protección del trabajador asalariado. Durante el juicio se demostró también que los obreros agrícolas trabajaban 14 horas al día, casi 400 horas al mes, sin descanso los fines de semana, y a cambio de un salario de USD 200 mensuales o menos de la mitad del salario básico mensual que en Ecuador se cotiza en USD 425 .
En la resolución aprobada por la legislatura del Ecuador, esta Asamblea Nacional busca iniciar un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones en contra del actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso.
El legislativo también se ha comprometido a instalar un memorial en el patio exterior del complejo legislativo, como ejemplo de reparación simbólica y como acto de justicia con el sufrimiento de cientos de familias en torno a la tragedia de Furukawa.
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