El Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSJ) redujo hasta en 10 años las penas de cárcel de 13 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado y cambió a régimen de trabajo correccional a otros 2 (en un caso sin internamiento).
Esta revisión es la primera sentencia del TSJ ante la apelación de un grupo de condenados por los sucesos en el barrio popular de La Güinera, en La Habana. La nueva sentencia, a la que tuvo acceso la agencia EFE, es firme y fija penas de prisión por un total de 179 años, con casos individuales de hasta 22 años.
El fallo del Supremo resuelve un recurso de casación presentado por los 15 procesados, quienes argumentaron -entre otras cosas- que no se los debió juzgar por el delito de sedición. Algunos habían sido condenados por el Tribunal Provincial Popular de La Habana en primera instancia a penas de hasta 30 años de privación de la libertad.
Algunos de los manifestantes argumentaron que se les debió procesar por delitos como “desórdenes públicos”, mientras que otros arguyeron que hubo “quebrantamiento de formalidades procesales” y de “garantías individuales” durante sus enjuiciamientos.
De acuerdo con las valoraciones del Supremo, el tribunal provincial “no fue atinado” al no contemplar en la imposición de las penas que nueve de los acusados reconocieron los hechos y colaboraron en su esclarecimiento.
Igualmente, los magistrados indicaron que “vistos los hechos en su integridad” califican las penas en primera instancia de “en extremo rigurosas” y se acogen al “motivo del recurso solicitando generosidad” en el caso de 11 de los sancionados.
Los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio se han ido sucediendo en Cuba desde finales de 2021. La ONG Justicia 11J situó esta semana en 564 el número de personas juzgadas por estas protestas.
La Fiscalía General aseguró en enero que se han procesado por las protestas a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad penal mínima en Cuba son los 16.
Familiares de los condenados y organizaciones no gubernamentales han criticado el juicio, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos.
La ONG Prisoners Defenders señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio.
(Con información de EFE)
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