El pleno del Congreso de Guatemala conoció este miércoles 4 de noviembre el veto presidencial al Decreto 23-2026, que reforma normas del Código Procesal Penal vinculadas con la prisión preventiva, pero no tomó una decisión sobre su aceptación o rechazo.
El presidente Bernardo Arévalo objetó la norma por posibles problemas de constitucionalidad, falta de certeza jurídica y dificultades para su aplicación.
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Los diputados tienen un plazo máximo de 30 días para resolver el veto. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que, si el pleno no adopta una decisión inmediata, el expediente debe ser remitido a la comisión que emitió dictamen sobre la iniciativa original o a una comisión especial creada para analizar el asunto.
Durante la sesión no se sometió a votación si el Congreso aceptaba o rechazaba las objeciones del Ejecutivo. Tampoco se anunció de forma expresa el traslado del expediente a una comisión legislativa, aunque esa es la ruta que contempla la normativa cuando el pleno deja pendiente una resolución.
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El veto fue planteado mediante el Acuerdo Gubernativo 173-2026, publicado la semana pasada. Según la posición del Ejecutivo, el decreto aprobado por los diputados contiene contradicciones y vacíos que podrían generar obstáculos en su ejecución dentro del sistema de justicia.
La presidenta del Organismo Judicial planteó preocupaciones antes de la plenaria
Antes de la sesión plenaria, los integrantes de la Comisión de Reformas al Sector Justicia se reunieron con la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jenny Noemy Alvarado Tení, para revisar los efectos que tendría la entrada en vigor de las reformas.
En el encuentro también participaron los magistrados Luis Mauricio Corado Campos, René Guillermo Girón Palacios y Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado. La reunión fue convocada por el presidente del Congreso, Luis Contreras, quien había planteado la necesidad de discutir con las autoridades judiciales las disposiciones cuestionadas por el mandatario.
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El diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la comisión legislativa, indicó que los magistrados expresaron inquietudes principalmente sobre la vigencia de la ley.
Según explicó, los representantes de la CSJ pidieron que las reformas no entren en vigor de manera inmediata, con el objetivo de que el sistema judicial cuente con tiempo para preparar su implementación.
El Organismo Judicial informó que durante la reunión se abordaron desafíos jurídicos, administrativos, operativos y presupuestarios. Entre los asuntos discutidos figuraron la disponibilidad de recursos financieros, la eventual creación de nuevos órganos jurisdiccionales y la necesidad de ampliar el personal técnico y administrativo.
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La CSJ analiza recursos y plazos para aplicar las reformas
La Corte Suprema de Justicia señaló que analiza la infraestructura institucional, el recurso humano y los sistemas informáticos disponibles para determinar el tiempo y la gradualidad necesarios para cumplir con los objetivos del Decreto 23-2026.
Las reformas aprobadas por el Congreso buscan fortalecer la presunción de inocencia, establecer controles sobre las medidas de coerción y reducir el uso de la prisión preventiva. También incluyen cambios en los plazos permitidos para esa medida y restricciones para otorgar medidas sustitutivas en determinados casos.
Los magistrados manifestaron que están de acuerdo con varios de los cambios contemplados en la norma, aunque consideran necesario establecer plazos razonables para su vigencia. La expectativa es que la CSJ presente una propuesta sobre ese punto en los próximos días, para que los diputados la analicen antes de definir el futuro del veto presidencial.
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