La dictadura de cubana intensificó “su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión” durante 2021, año marcado por las protestas antigubernamentales del 11J, denunció Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre derechos humanos.
La organización con sede en Londres hizo hincapié en lo que calificó como una “represión” durante y después de las movilizaciones. AI recordó que, según la ONG Cubalex, 700 manifestantes permanecieron en prisión a finales de 2021.
En el documento se hizo un repaso a las reacciones de la dictadura durante julio pasado. Aseguró que en esos días “las autoridades interrumpieron el servicio de internet y bloquearon frecuentemente las aplicaciones de mensajería instantánea”.
AI fue más allá y criticó los delitos de los que se ha acusado a algunos detenidos —como “desórdenes públicos”, “resistencia”, “desacato”, “instigación a delinquir” y “daños”—, que calificó como “incompatibles” con “las normas de derechos humanos”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Cuba, 790 personas han sido procesadas por las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.
Hace apenas unos días, AI pidió entrar en Cuba para seguir los juicios en contra de los manifestantes imputados. Hasta el momento no ha obtenido respuesta de las autoridades del país.
Cuba, según recordó anteriormente AI, es el único país del continente americano en el que no tiene permitida la entrada.
Desde finales de 2021 se han ido sucediendo distintos juicios por las protestas antigubernamentales del 11 de julio y cientos de personas han sido ya condenados.
El pasado 16 de marzo, una de las últimas sentencias dadas a conocer, fueron condenadas 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel por hechos relacionados con los sucesos de esa fecha en Esquina de Toyo y La Güinera, dos zonas humildes de La Habana.
Los enjuiciados, investigados principalmente de sedición y hurto, estaban acusados de “graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”, de acuerdo con el Tribunal Supremo.
Además, AI denunció que los opositores fueron sometidos a una “vigilancia física” frente a sus domicilios y, en caso de ser detenidos, a un “régimen de incomunicación”. También dio lugar a “informes generalizados de malos tratos”.
La organización puso especial atención en casos como el de Maykel Castillo, coautor de la canción “Patria y Vida”, el himno de las protestas del 11J, y el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del disidente Movimiento San Isidro (MSI), ambos detenidos el año pasado. AI considera a los dos “presos de conciencia”.
Por último, el capítulo sobre Cuba en el informe anual de la ONG abarca la crisis económica del país, agravada por la pandemia, que ha dejado tras de sí “escasez de alimentos, medicamentos básicos y otros artículos esenciales”.
La ONG aclaró que si bien el bloqueo de EE.UU. a la isla viola “los derechos económicos, sociales y culturales” de Cuba, esto no “anulaba la obligación del país de garantizar” los derechos básicos de su población.
(Con información de EFE)
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