
Los integrantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) tienen tomada, desde el 8 de julio de 2021, la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ubicada en Providencia (región Metropolitana). Las agrupaciones sociales buscan, entre otras cosas, que se reconozca la existencia de las y los que denominan “presos políticos” del estallido social.
Sus peticiones son: la renuncia del director del INDH, Sergio Micco Aguayo y todo el Consejo; El reconocimiento de un informe elaborado por un grupo de trabajadores del INDH (que luego habrían sido desvinculados, salvo quienes contaban con fuero), el cual señalaba que hubo una violación sistemática a los derechos humanos, y que no fue avalada por todo el consejo del Instituto; La liberación de todos los presos políticos que “luchado por la justicia”. Siendo no necesariamente del denominado estallido social.
Desde las organizaciones, acusaron “intransigencia” en el proceso de diálogo y un “portazo definitivo” por parte de la institución.
Esto, tras la creación de una comisión de consejeros para dialogar con ocupantes de la toma, la desestimación de un eventual desalojo y una reunión por Zoom, no hay acuerdo, y según indicaron desde el grupo, “no ha existido respuesta alguna al petitorio planteado con cinco puntos claves”, el cual contempla la reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos del estallido social.
Estas declaraciones se dieron tras una reunión que se sostuvo el 31 de diciembre por Zoom, y a la que asistieron miembros de la toma y tres consejeros del INDH elegidos para entablar un diálogo con los ocupantes de la sede de Eliodoro Yáñez 1147. En la oportunidad se remarcó la petición de una reparación a las víctimas, sin embargo, en el comunicado emitido este martes señalaron que la respuesta recibida no se hace cargo del petitorio.
“Al exigirles una propuesta concreta de cómo abordar ese único punto, después de dos semanas de establecer el diálogo, nos vuelven a responder en una carta la idea de iniciar una mesa con las mismas características ya planteadas en las conversaciones sin dirección que sostuvimos el primer mes de toma”, expresaron.
“Ya son seis meses con exactamente la misma respuesta que no asegura absolutamente ningún tipo de reparación ni justicia”, y acusaron que el organismo “todo este tiempo (...) ha entorpecido y frenado el proceso de diálogo”.

Ante esto, el director del INDH, Sergio Micco, entregó un informe a los consejeros del organismo rechazando la exigencia de su renuncia y detallando las gestiones tomadas ante la ocupación de la sede.
En el documento, Micco lamentó la ocupación, pero expresó la disposición para buscar entendimiento con los ocupantes y califica como “inaceptables” seis puntos del petitorio de las organizaciones.
Estos son “la renuncia de la dirección y del consejo del INDH. Además de exigir un pronunciamiento acerca de las siguientes cuestiones: sistematicidad en las violaciones a los Derechos Humanos; comisión en Chile de delitos de lesa humanidad y la existencia de presos políticos”.
También condenó la ocupación, ya que es “una medida de fuerza que atentaba contra la autonomía de un organismo autónomo de Derechos Humanos”.
El documento concluye afirmando que Micco ha estado “dispuesto al diálogo” desde los inicios de la toma en julio, “habiendo concurrido en más de una oportunidad a conversar con quienes se encuentran en las oficinas centrales del INDH, en especial con Víctor Chanfreau, vocero de la toma”.
“No ha sido posible alcanzar un entendimiento, por la intransigencia de los ocupantes”, enfatiza el escrito, agregando que “es deber de la dirección velar por el resguardo de la autonomía del INDH”, por lo que “no corresponde adoptar posiciones sobre temas substantivos bajo presión o amenaza”.
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