
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant), una nueva unidad especializada del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que utilizará drones para fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas, ampliar la capacidad de inteligencia aérea en tiempo real y apoyar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La nueva unidad forma parte del Plan Firmeza, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar el control territorial en áreas consideradas vulnerables por su ubicación geográfica, difícil acceso y uso por parte de redes criminales transnacionales.
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De acuerdo con la información oficial, la Coant incorporará aeronaves no tripuladas para mejorar el monitoreo de rutas, detectar movimientos ilícitos con mayor rapidez y apoyar la toma de decisiones en operaciones de seguridad.
El Minseg no informó cuántos drones integrarán la nueva compañía, qué modelos serán utilizados ni el monto de la inversión. Tampoco detalló si las aeronaves estarán equipadas con sensores térmicos, cámaras de visión nocturna u otros sistemas especializados.

Por ahora, la comunicación oficial se ha centrado en el objetivo operativo de la unidad: ampliar la vigilancia estratégica y apoyar las acciones de Senafront en zonas fronterizas.
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La Coant estará adscrita al Servicio Nacional de Fronteras, institución encargada de la seguridad terrestre en áreas limítrofes, especialmente en la frontera con Colombia, donde confluyen desafíos vinculados al narcotráfico, la migración irregular, el tráfico de armas, la trata de personas y otras economías ilícitas.
El uso de drones permitiría cubrir áreas selváticas, fluviales o de difícil acceso donde el despliegue terrestre suele ser más lento, costoso y riesgoso para los agentes.
El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, señaló que la incorporación de estas herramientas busca dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología de vanguardia para proteger la soberanía nacional, consolidar el control territorial y mantener una respuesta firme frente a las amenazas del crimen organizado.
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La creación de esta unidad se da pocos días después de que el presidente José Raúl Mulino colocara la seguridad como uno de los temas centrales de su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio.
En su discurso, el mandatario aseguró que el narcotráfico sigue siendo “el principal factor que alimenta la inseguridad” en el país y advirtió que el objetivo del Estado no debe limitarse a incautar más droga, sino a impedir que el territorio panameño sea utilizado como ruta de tránsito.
“Hoy tenemos muchas más incautaciones, es decir, el tráfico aumentó. Aquí el tema no es incautar más, es que no pase droga por nuestro país”, afirmó Mulino durante su intervención.
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El mandatario también anunció que el Gobierno aumentará la cantidad de efectivos en las calles e incorporará cámaras corporales, drones y mayor presencia en los barrios. Además, adelantó que Panamá convocará a países de la región para impulsar un plan integral de lucha contra el narcotráfico, al considerar que se trata de un problema que no puede enfrentarse de manera aislada.

La apuesta por aeronaves no tripuladas responde a una tendencia creciente en materia de seguridad. Los drones permiten obtener imágenes aéreas, dar seguimiento a movimientos sospechosos, ubicar posibles rutas clandestinas y reducir la exposición del personal en zonas de riesgo.
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En territorios como Darién, donde la selva, los ríos y la ausencia de infraestructura vial dificultan los patrullajes tradicionales, estas herramientas pueden convertirse en un multiplicador de fuerza para las unidades en campo.
Sin embargo, el uso de drones en tareas de seguridad también abre interrogantes sobre protocolos, resguardo de información, límites de vigilancia y mecanismos de rendición de cuentas. La información pública disponible aún no detalla cómo se almacenarán las imágenes captadas, qué criterios regirán los sobrevuelos ni qué controles existirán para evitar usos indebidos en comunidades fronterizas o zonas habitadas.
El contexto regional aumenta la relevancia de esta decisión. Panamá es un punto estratégico para el tránsito de mercancías, personas y también para redes criminales que utilizan corredores terrestres, marítimos y portuarios.
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Mulino ha insistido en que parte de la droga que llega a Europa sale desde puertos panameños, con complicidad de distintos actores, por lo que anunció más controles junto con la Autoridad Nacional de Aduanas.
Con la Coant, el Gobierno suma un componente tecnológico al Plan Firmeza y refuerza el papel de Senafront en la vigilancia de las fronteras. El desafío será demostrar que la nueva unidad no solo mejora la capacidad de observación del Estado, sino que también produce resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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