Sebastián Piñera solicitará al Congreso una nueva ampliación del estado de excepción para controlar la violencia de grupos mapuches en el sur

El gobierno chileno solicitará al congreso una segunda extensión del Estado de Excepción Constitucional que se aplica en cuatro provincias de la llamada Macrozona Sur, lo que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de control. La medida, que se aplica desde el pasado 12 de octubre tras una serie de hechos de violencia registrados en La Araucanía (distante 720 kilómetros al sur de Santiago), deja hasta el momento 91 detenidos, cifra que es evaluada positivamente por las autoridades.

De ser aprobada por el parlamento, la medida de excepción estaría en vigencia hasta el 11 de diciembre, y se aplica en Bio Bío y Arauco, en la región del Bio Bío, además de las provincias de Malleco y Arauco, en La Araucanía.

Al respecto, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, precisó que recurrirán al parlamento “para que se renueve por los próximo 15 días el estado de excepción en macrozona sur, puntualmente en las cuatro provincias involucradas”, aclarando que “como Gobierno jamás vamos a ser triunfalistas, jamás vamos a sacar cuentas alegres, porque sabemos que es siempre una situación muy delicada”. El personero recalcó que “hasta este minuto llevamos 91 personas detenidas en este contexto”.

Por su parte el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, destacó que se han realizado 2.400 operativos militares y 33.000 controles.

El Estado de Excepción se aplica por un período de 15 días y sólo su primera extensión podía ser aprobada unilateralmente por el presidente. De allí en adelante, debe contar con la autorización de diputados y senadores. En esta oportunidad, se busca que la medida se prorrogue del 27 de noviembre hasta el 11 de diciembre.

En tanto, el delegado presidencial en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, justificó la medida aseverando que se han reducido los hechos violentos en las provincias intervenidas. Entrevistado en un noticiero, afirmó que “evidentemente, se necesita seguir con todo el aparato del Estado para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico”, respaldado por las cifras entregadas por las autoridades respecto a que la violencia se ha reducido en un 42% y las usurpaciones en un 82%.

Consultado sobre las posibles consecuencias que la medida podría tener en la población, el delegado se preguntó “¿A quién está complicando el Estado de Excepción?”, desestimando que el pudiese afectar a los vecinos.

Al respecto, Urquízar apuntó que “los que deberían verse afectados con la mayor presencia del Estado son, precisamente, los que quieren cometer los ilícitos para que el Estado no esté presente y puedan seguir ejerciendo el terror en las personas”.

Consultado respeto las afirmaciones del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, quien manifestó que ante la presencia de las Fuerzas Armadas no buscarán una confrontación directa pero sí llevarán a cabo su proceso de recuperación de tierras, el delegado afirmó que el líder mapuche ha adaptado “un cambio en orden a replegarse frente a (...) mayor presencia del Estado”, recordando de paso que tras la muerte de un comunero en Cañete, Llaitul afirmó que “arderá lo que tenga que arder”. Según el representante de gobierno hay un cambio de actitud pues a su juicio, “a mayor cantidad de policías, mayor es la disuasión” y la tranquilidad para los vecinos, concluyó.

En tanto el vocero de la CAM planteó previamente que la guerra “a nadie conviene”, descartando de paso que exista terrorismo en el sur. Según sus palabras, la lucha es de “resistencia, autodefensa y reconstrucción del pueblo nación mapuche” por la nula respuesta a sus históricos reclamos territoriales. De paso, descartó vínculos con el narcotráfico, pero admitió que los grupos paramilitares en la zona son “una realidad que está presente en el conflicto”.

“Nuestro pueblo fue despojado de su territorio en una campaña político-militar de dos Estados: en Argentina se conoce como la Campaña del Desierto, aquí como la Pacificación de La Araucanía. A partir de ese hecho aciago la demanda por recuperación de tierras siempre ha estado presente”, afirmó.

Sobre esta realidad, analistas afirman que el conflicto en La Araucanía será uno de los desafíos para el próximo gobierno, cuya primera vuelta electoral se realizará este domingo. De hecho, los expertos coinciden en que se necesitan “propuestas que den señales y espacios de confianza, fortaleciendo la línea de plurinacionalidad”, tal como lo sostiene en académico mapuche y doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld (Alemania), Salvador Millaleo.

En tanto la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y doctora en la Universidad de Stanford, Verónica Figueroa Huencho, afirmó que para dialogar hay que dar garantías, partiendo por la desmilitarización del territorio mapuche. “Al nuevo Gobierno le va a tocar hacer una especie de instalación de cómo se van a ir haciendo los ajustes necesarios en los tres poderes. Cómo se avanza en autonomía territorial, espacios para que podamos decidir sobre asuntos propios, participar activamente en la vida del Estado”, explicó la experta.

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