El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para luchar en contra de la corrupción y recuperar el dinero perdido. El documento es un memorando de entendimiento, lo que en términos del derecho internacional público expresa una coincidencia entre dos o más partes para emprender una línea de acción común.
Durante la ceremonia de suscripción del acuerdo, el presidente Lasso aseguró que las pérdidas por corrupción ascienden a USD 70.000 millones, lo que equivale a la totalidad de la deuda pública del Ecuador en la actualidad.
Hay varios estudios sobre la corrupción en Ecuador y referidos por el Gobierno Nacional desde 2019. Según una consultoría realizada por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, se identificó la cifra de USD 3.000 millones solamente en cinco proyectos emblemáticos para construirlos y ponerlos en marcha. Este valor ascendería a 6,5 mil millones de dólares por daños a las mismas infraestructuras construidas con fallas.
La Comisión Nacional Anticorrupción identificó pérdidas que bordean los USD 3.500 millones por año durante la década 2007-2017, lo que totaliza pérdidas que ascienden a USD 35.000 millones.
Según información oficial divulgada en 2019 por la Secretaría Anticorrupción, la cifra más escandalosa la habría reportado un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculada en torno al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Esta misma información se refiere a USD 40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y 30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas. Estas cifras suman USD 70.000 millones desviados a la corrupción durante la década 2007-2017. Estos sobreprecios fueron calificados como “sobrecostos” por el expresidente Rafael Correa, gobernante durante el periodo en mención, quien afirmó a través de su cuenta de Twitter que “lo primero es corrupción, lo segundo es que (el) contrato cuesta más por falta de planificación o problema técnico”. Correa tiene abiertos más de 29 expedientes judiciales por estas y otras causas penales.
El memorando de entendimiento fue suscrito por Matilde Mordt, Representante Residente del Programa de Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien señaló que el acuerdo permitirá fortalecer el trabajo contra la corrupción. Además, Mordt reconoció la voluntad política del presidente Lasso en la lucha anticorrupción y su determinación para impulsarla.
Según su página electrónica, “la Coordinadora Residente es la representante de más alto rango del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas en el país, con la responsabilidad de liderar los equipos de las Naciones Unidas y garantizar la responsabilidad de todo el Sistema sobre el terreno para el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, en constante cooperación y coordinación del apoyo de las Naciones Unidas a los países en su implementación de la Agenda 2030”.
En su intervención durante la suscripción del memorando, Matilde Mordt aseguró que la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y destruye la cohesión social y evita la inversión privada. Mordt aseveró que “combatir a la corrupción es algo vital para el desarrollo de la Agenda 2030”.
Para posibilitar el acuerdo entre el Gobierno del Ecuador y la representante de la Organización de las Naciones Unidades, el presidente Guillermo Lasso creó una comisión presidida por Luis Verdesoto Custode, quien se desempeña actualmente como asesor presidencial.
Otros gobiernos intentaron establecer una comisión similar, pero fracasaron. Ahora, el presidente Guillermo Lasso ha logrado formar una comisión anticorrupción con el asesoramiento de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad también se articula a su Código de Ética, a un trabajo cooperativo con la Fiscalía de la Nación a cuya titular, Diana Salazar, conminó a actuar con mayor severidad. El presidente Lasso también se ha referido a la posibilidad de considerar un trabajo de supervisión de la sociedad civil para asistir en las investigaciones.
El gobierno de Lenin Moreno intentó algo similar. Incluso el ex presidente firmó en 2019 un decreto ejecutivo para establecer un comité internacional de expertos anticorrupción en Ecuador. A pesar de los anuncios públicos y las promesas de los representantes de otras instituciones públicas, la iniciativa fracasó.
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