Un trabajador de un hospital psiquiátrico se convirtió en el primer condenado por “tortura sexual” en Chile

A ocho años y seis meses de cárcel fue condenado un paramédico de un recinto psiquiátrico en Chile, quien fuera acusado por la justicia por el delito de “tortura sexual” luego de violar a una paciente de 31 años.

El caso se arrastra desde finales de enero del 2019, luego de que la victima ingresara al Hospital Psiquiátrico José Horwitz Barak, ubicado en Santiago. La mujer estaba sufriendo un cuadro de agitación psicomotora.

Esta es la primera condena en Chile por el delito de “tortura sexual”, desde que la ley entrara en vigencia el 2016. Según pudo acreditar la fiscal Paola Trisotti, el ataque de Ángel Falen Morales, obedece a una razón de discriminación hacia la víctima por su condición de mujer, su situación de pobreza y por padecer una enfermedad metal que la mantenía en estado psicótico.

Al momento de comunicar esta pena, los magistrados Claudia Camus, Nancy Alvarado y Raúl Díaz valoraron los antecedentes de la Fiscalía Centro Norte. Según lo expresado por los jueces, el actuar del condenado “constituyó una manifestación clara de violencia de género que reflejó un especial menosprecio que llevó a cosificar a esta víctima en específico”.

Cabe destacar que la pena a la que fue condenado el imputado es la más alta que podía aplicarse al detenido, considerando que tenía irreprochable conducta anterior.

Una historia infame

La mujer, de 31 años de edad, había sido ingresada al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak por decisión de su padres el 31 de enero del 2019. Al llegar al lugar, los funcionarios se percataron de que estaba enferma, que padecía una desnutrición y que abusaba del consumo excesivo de pasta base de cocaína.

El Instituto Horwitz Barak es muy conocido en Chile. En 2019, se estima que 2.336 personas fueron internadas.

Antes de su internación, la mujer había pasado cuatro días ingresada a urgencias por su débil estado de salud. Lo anterior, no fue suficiente para el victimario, quien el 3 de febrero del 2019 decidió abusar de la mujer.

Según información recopilada por la Unidad de Reportajes de BioBioChile, el ataque se produjo alrededor de las 14 horas de esa jornada, cuando el imputado se acercó a la víctima, quien estaba tendida sobre una camilla y medicada. El hombre tomó una de las manos de la víctima y se la llevó a sus genitales.

El ataque se desarrolló hasta que Ángel Falen se retiró brevemente de la habitación. Tras esto, retornó al sitio del suceso y movió a la víctima para que le practicara sexo oral. Una vez concretado este hecho, el hombre se acomodó la ropa y se retiró del lugar.

Una vez fuera, el detenido creyó que nadie lo había visto, pero una de las cámaras del lugar logró captar este hecho. Tras una revisión rutinaria de las cámaras, un funcionario se percató de lo ocurrido y alertó a las autoridades.

Rápidamente, el testigo se hizo acompañar de otros tres funcionarios, quienes se reunieron y acordaron iniciar un sumario contra el detenido. Se realizó una denuncia ante la justicia, en la que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) se encargó de la tramitación legal.

Protestas, fugas y detención

El 8 de marzo del 2019 un grupo de mujeres levantó barricadas frente al Instituto para denunciar el hecho públicamente, ya que nadie lo había comentado más allá del rumor de los pasillos.

De inmediato, el recinto psiquiátrico publicó un comunicado, declarando que se había actuado “oportunamente y en los tiempos más acotados posibles”.

Meses después de cometido el delito, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al hogar de la víctima con una orden de investigar el caso. Allí le comunicaron a la familia los primeros avances y le notificaron que el sospechoso no estaba en Chile.

En efecto, Ángel Falen viajó a Estados Unidos tras este hecho, y nada se lo impidió. La orden de detención solo se solicita cuando se trata de “delitos de máxima gravedad” y que en este caso no existían antecedentes para presumir su fuga.

“(El funcionario) tenía domicilio conocido y había colaborado con el sumario que hizo el Horwitz. Por lo tanto, no había presunción de que se fuese a dar a la fuga. Es más, fue luego de la notificación de la audiencia de formalización que se arrancó”, dijo Trisotti.

Luego se levantó una alerta internacional a través de Interpol, que finalmente detectó su presencia en Miami, Estados Unidos, cuando fue controlado por la policía por cometer una infracción de tránsito.

El 7 de diciembre de 2019, tras casi 10 meses de cometidos los hechos, el imputado Ángel Falen Morales fue trasladado y detenido en Chile, y presentado ante la justicia. Allí, fue formalizado por los hechos anteriores y se decretó la prisión preventiva durante los 120 días que duró la investigación.

“Tortura sexual”

Este caso es el primero que logra una condena por el delito de “tortura sexual” en Chile, para lo que sfue necesario un trabajo multidisciplinario.

Según información de la Unidad de Reportajes de BioBioChile, hubo colaboración de varios expertos que aplicaron el Protocolo de Estambul, el cual es utilizado para “evaluar a las personas que refieren haber sufrido tortura o tratos degradantes, inhumanos o crueles”.

Según los resultados de la doctora Ana Toro Cepeda, las indagatorias correspondientes concluyeron que se estaba frente a un hecho de “tortura sexual” ya que, en primer lugar, la víctima estaba medicada al momento del ataque, y no recuerda nada de lo que sucedió.

La víctima supo tiempo después lo que le pasó, lo que gatilló un fuerte impacto psicológico y una fase de negación. Tras esto, empezó a sufrir pesadillas. El shock fue tan fuerte que hubo dos intentos de suicidio por parte de la mujer.

La conclusión de los expertos fue que se trató de un acto “intencional” y agravado por el hecho de que fue realizado al interior de un recinto del Estado chileno, es decir, fue ejecutado por un agente del Estado nacional.

Además, la indagatoria de los expertos apuntó a que Ángel Falen Morales tenía “conciencia y pleno conocimiento” de la condición de la víctima, es decir, ella no podía ejercer ninguna resistencia oportuna por el estado mental y físico en el que se encontraba.

Todo lo anterior, a juicio de los profesionales, les hizo confirmar que se estaba en presencia de un delito de “tortura sexual”, cuyas consecuencias en la víctima se arrastran hasta hoy.