
Limitación al derecho de reunión, reducción de horarios en establecimientos públicos y suspensión de clases son algunas de las medidas que el Gobierno de Luis Lacalle Pou analizará este martes en Consejo de Ministros para intentar reducir el número de casos de COVID-19 en Uruguay.
El país sudamericano vive un rebrote de la primera ola, con cinco días consecutivos por encima de los 1.000 contagios diarios (incluido un récord de 1.587 el domingo 14) y un aumento progresivo en casos activos y en cuidados intensivos, por lo que el mandatario convocó a su gabinete para este martes, en coincidencia con la llegada del segundo vuelo desde China con las vacunas de Sinovac.
Según Presidencia, Lacalle Pou ha citado a sus ministros en la Torre Ejecutiva a las 16:00 horas (19:00 GMT), apenas después de que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, el avión procedente de Pekín con más de 1,5 millones de dosis de CoronaVac, que completarán las 1.750.000 compradas al laboratorio chino.
Con 212.900 personas (un 6,07 % de la población uruguaya) ya inoculadas con CoronaVac o Pfizer, las dos vacunas que han llegado hasta el momento al país sudamericano, el Ejecutivo de Lacalle Pou sigue confiando en la libertad responsable frente a los confinamientos replicados en todo el mundo.

Pese a las buenas cifras que Uruguay registró durante los primeros nueve meses de la pandemia, en diciembre llegó la primera ola -que vivió una meseta durante enero y febrero, momento de vacaciones por el verano austral- y en estos momentos se registra un rebrote, según los expertos, con 10.536 casos activos (un 11,52 de positividad en los test hechos) y 131 en cuidados intensivos.
Por ello, vuelven a estar sobre la mesa del Ejecutivo la reducción de horarios en bares y restaurantes -ampliados a las 02:00 horas (05:00 GMT) en enero, salvo en los departamentos (provincias) que optaron por mantener la medianoche-, la suspensión de clases y la prórroga de la limitación al derecho de reunión, vigente ahora y que debe volver a debatirse en el Parlamento para su renovación.
Además, en el horizonte próximo se encuentra la Semana Santa, en la que los uruguayos suelen dejar su residencia habitual y trasladarse mayoritariamente a las playas del este del país, lo que genera mayor preocupación en las autoridades.
Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay por la detección de los primeros cuatro positivos, 72.862 personas cursaron la enfermedad y 717 murieron.
La situación en la frontera con Brasil
La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos del departamento (provincia) de Rivera, ubicado en el norte del país y fronterizo con Brasil, está “llegando a niveles que se pueden definir como saturación” por lo que se debe comenzar a trabajar en un plan de “complementación regional”.
Así lo indicó este lunes Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), quien explicó que allí, entre centros públicos y privados, hay 23 camas.
Por esto resaltó la importancia de “aceitar los planes de complementación regional” para que algunos pacientes puedan ser derivados en ambulancia a otros departamentos ubicados más al sur.

En este sentido, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, indicó en rueda de prensa en Montevideo que el hospital de Tacuarembó (centro-norte) fue potenciado “con un CTI (Centro de Tratamiento Intensivo) nuevo”, por lo que tiene 12 camas disponibles en terapia intensiva.
“Hemos colocado transporte especializado con capacidad para trasladar pacientes con COVID-19. Agregamos dos ambulancias nuevas, con respirador, monitor, cápsulas COVID... Se va a proceder a trasladar en forma rápida si no cambia la situación”, explicó el responsable de ASSE.
También se refirió al hospital de Paysandú (noroeste), que puede ayudar a los departamentos de Salto y Artigas, ambos en rojo en la escala de Harvard.
Por otra parte, Pontet puntualizó que Uruguay está atravesando “el peor momento” de la pandemia y destacó que la SUMI tiene redactado junto al Ministerio de Salud Pública un plan de contingencia que abarca las posibilidades de un plan de saturación.
(Con información de EFE)
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