El presidente Abelardo de la Espriella informó que dio la orden de hacer el operativo de registro y control (@ABDELAESPRIELLA/X)
Un operativo de registro y control en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, conocida como El Buen Pastor, dejó la incautación de 58 teléfonos celulares, 12 armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.
La intervención fue realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con apoyo de la Policía Nacional. De acuerdo con el jefe de Estado, participaron 200 unidades y el objetivo fue reforzar los controles para impedir comunicaciones no autorizadas y posibles actividades delictivas desde el centro de reclusión.
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El balance divulgado por el mandatario incluyó 58 terminales móviles, 47 cargadores, 14 auriculares Bluetooth y 2 parlantes. También fueron halladas 12 armas cortopunzantes.
Las autoridades reportaron la incautación de 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi, para un total de 122,6 gramos de sustancias estupefacientes.
“No voy a permitir que sigan delinquiendo ni coordinando delitos desde el interior de los penales”, escribió De la Espriella en su cuenta de X al divulgar los resultados del procedimiento.
El mandatario señaló que la instrucción de su Gobierno es fortalecer la vigilancia penitenciaria y reducir las posibilidades de que las cárceles sean usadas para coordinar delitos.
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El operativo en la cárcel El Buen Pastor se suma a otras intervenciones recientes en centros de reclusión del país.
De la Espriella ordenó trasladar a otras regiones a presos oriundos de Boyacá recluidos en Cómbita
El presidente Abelardo de la Espriella, de manera paralela, ordenó avanzar en la identificación y posterior traslado de los internos oriundos de Boyacá que están recluidos en la cárcel El Barne de Cómbita, con el fin de enviarlos a establecimientos penitenciarios de otras regiones del país.
La instrucción fue anunciada tras un Consejo de Seguridad realizado el 9 de noviembre en Boyacá, con participación de mandos militares, policiales y autoridades departamentales. El mandatario pidió al gobernador y a los alcaldes del departamento elaborar una caracterización de los detenidos que cumplan esa condición.
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Según explicó, la medida responde a una política dirigida a evitar que personas privadas de la libertad permanezcan recluidas en las zonas donde son oriundas o donde habrían cometido delitos.
“Donde los delincuentes hacen sus fechorías, donde delinquen y de donde son oriundos, ahí no se pueden quedar. Tenemos que trasladarlos a otra ciudad”, afirmó el presidente durante su intervención.
El Inpec y la Policía Nacional realizaron un operativo de registro y control penitenciario con 300 funcionarios. Durante la inspección, las autoridades requisaron a los internos e incautaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, entre otros objetos (@ABDELAESPRIELLA/X)
El mandatario sostuvo que los centros de reclusión no pueden convertirse en “universidades del crimen” y relacionó la iniciativa con su propósito de reforzar los controles penitenciarios frente a extorsiones, amenazas y otras conductas delictivas que puedan coordinarse desde las cárceles.
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El anuncio ocurrió después de un operativo en la cárcel El Barne
La decisión se conoció dos días después de un operativo de registro y control en El Barne, realizado el 7 de noviembre con la participación de 300 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional.
Según el balance divulgado por el Gobierno, el procedimiento permitió incautar 264 celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, 91 armas cortopunzantes y $7.028.000 en efectivo.
Las autoridades también reportaron el hallazgo de 3,5 kilogramos de marihuana, 2,6 kilogramos de cocaína y 800 litros de licor artesanal. En las celdas fueron encontrados 232 cargadores, 25 auriculares Bluetooth, siete parlantes, una tableta, dos proyectores, una tarjeta microSD, un reloj inteligente, tres cadenas y dos anillos que serían de oro.
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En ese sentido, el Gobierno nacional deberá definir los procedimientos administrativos y penitenciarios para materializar los traslados anunciados por el jefe de Estado, a la vez que el Inpec se encargará de establecer las condiciones de seguridad, disponibilidad de cupos y destinos de los internos que sean incluidos en la medida.
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