Comenzó a puertas cerradas el juicio al preso político cubano José Daniel Ferrer

El juicio al opositor cubano José Daniel Ferrer, preso desde hace más de cuatro meses por supuestamente atacar a otro hombre, comenzó este miércoles a puertas cerrada en la ciudad de Santiago de Cuba. Por la noche del miércoles (hora local) no habían trascendido detalles de su desarrollo.

Al tribunal solo pudieron acceder familiares directos de Ferrer, que fueron forzados a dejar fuera sus teléfonos celulares, dijo a Efe por teléfono Ernesto Oliva, miembro de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que lidera Ferrer.

Un tribunal sitiado

Oliva aseguró desde Santiago, a unos mil kilómetros de La Habana, que el tribunal se encontraba “sitiado” por agentes del régimen cubano: “ha habido presencia de la seguridad del Estado por doquier” en el tribunal e “incluso ha habido detenidos”, declaró.

En los mismos términos se expresó la disidente Marta Beatriz Roque, también expresa política y la única mujer encarcelada como parte del “grupo de los 75” condenado a largas penas de prisión durante la ola represiva del 2003, conocida como “Primavera Negra”, en la que también fue aprehendido Ferrer.

Roque, que se encuentra en La Habana, supo de la situación de boca de familiares de Ferrer antes de que éstos entraran al tribunal.

Efe intentó contactar sin éxito a numerosos familiares y personas cercanas a Ferrer, que no contestaron las llamadas o tenían las líneas de sus teléfonos móviles inoperativas.

Encarcelado desde hace más de cuatro meses, el líder de la Unpacu, de 49 años, se enfrenta a los cargos de lesiones, secuestro y atentado, por los que la Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel.

Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre junto a otros tres activistas opositores -que también son juzgados en la causa que comenzó hoy- y desde entonces permanece en la cárcel por supuestamente haber causado lesiones a un hombre.

Tanto el acusado como su familia aseguran que es inocente y se trata de un cargo inventado, mientras el Gobierno cubano emitió un inusual reportaje especial de televisión para defender la veracidad del caso.

José Daniel Ferrer es uno de los opositores más conocidos fuera de la isla, ya que formó parte del "grupo de los 75" condenados en el año 2003 y liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia Católica y el Gobierno español.

Ferrer fue uno de los doce disidentes que decidió permanecer en Cuba tras su excarcelación. El resto viajó a España y otros países.

Al juicio comenzado hoy han sido citados algunos testigos de la defensa, que será ejercida por un abogado de oficio quien, según la familia de Ferrer, "olvidó" comunicarles la fecha y hora del juicio hasta la víspera.

Desde prisión, Ferrer había transmitido su voluntad de que no se contrataran abogados para afrontar el proceso legal, argumentando que "todo abogado cubano que tenga capacidad legal va a corresponder con el Partido Comunista, es decir, la dictadura”.

Junto al líder de Unpacu también son enjuiciados los disidentes Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la misma organización y para quienes la Fiscalía pide 8 años de cárcel, para los dos primeros, y de 7 años en el caso del tercero, de acuerdo con su portavoz, Carlos Amel Oliva.

Los familiares de Ferrer han expresado en varias ocasiones su escepticismo sobre el juicio, al considerar que el tribunal está politizado a favor de las autoridades y no se producirá un veredicto justo.

La última visita familiar a José Daniel Ferrer en la prisión de Aguadores fue el pasado 14 de febrero. Su hijo indicó que esta se prolongó durante dos horas, y que en ella vio que su padre se encontraba “animado", pero "había adelgazado”.

A mediados de enero, su esposa había difundido un video en el que dio detalles del estado de Ferrer. "Se niega a alimentarse con la comida que le dan en prisión porque, nos indica, está en muy mal estado. Consume lo poco que nos han dejado pasar: un vaso de leche, agua con azúcar y un puñado de galletas. Por ello exige que se mejore la calidad de los alimentos para todos los presos”, explicó entonces.

La comunidad internacional, atenta al juicio

Ferrer había sido condenado a 25 años de prisión durante la Primavera Negra por ser uno de los promotores del Proyecto Varela, liderado por el fallecido disidente Oswaldo Payá. Tras cumplir 8 de ellos salió con una licencia extrapenal en 2011. Ese tipo de licencia no implica la condonación de la pena.

Su detención en octubre pasado provocó fuertes reacciones en el exterior. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) e instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) han solicitado la liberación de Ferrer.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, advirtió este miércoles en Twitter de que esa institución “estará siguiendo lo que sucede hoy en el juicio” de Ferrer y de que reaccionará “en consecuencia a lo que pase”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también urgió el lunes al régimen cubano a liberar “inmediatamente” al disidente alegando que está preso “de forma injusta”.

“Por el bien del pueblo cubano y por la mejora en su nación, le instamos a liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a dar el primer paso hacia un futuro mejor para Cuba”, señaló Pompeo, a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en una carta difundida por el Departamento de Estado.

Las autoridades cubanas, en tanto, sostienen que Ferrer tiene una “larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad”.

En noviembre pasado, la televisión estatal cubana emitió un inusual reportaje en el que mostró imágenes del opositor en prisión, ofreció detalles de la supuesta agresión por la que fue detenido y acusó a Ferrer de ser un "agente asalariado al servicio de Estados Unidos" y a la embajada de EE.UU. en La Habana de ser "el vehículo de atención y dirección de las acciones y conductas" del disidente.

El Gobierno cubano considera a los disidentes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” y no admite tener a ningún preso político en sus cárceles.

Con información de Efe

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