Nelva Ortega Tamayo, esposa del disidente cubano y preso político José Daniel Ferrer, informó el jueves que una fiscalía de ese país pidió para él nueve años de prisión por los cargos de “lesiones y privación ilegítima de la libertad”.
El pasado 1 de octubre, Ferrer fue detenido junto a otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), luego de que -según el diario del régimen castrista, Granma- un ciudadano cubano lo acusara de haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza” junto a otros tres hombres.
En un video que tomó estado público el viernes, Ortega Tamayo describió las condiciones en las que se lo mantiene a Ferrer y detalló su reacción ante la petición de la fiscalía.
Sobre su estado en prisión, explicó: “nos impidieron entregarle los medicamentos que el necesita, lo mismo que los alimentos que en otras ocasiones habíamos podido ingresar. Se lo veía bastante delgado, incluso más que la vez anterior. Se niega a alimentarse con la comida que le dan en prisión porque, nos indica, está en muy mal estado. Consume lo poco que nos han dejado pasar: un vaso de leche, agua con azúcar y un puñado de galletas. Por ello exige que se mejore la calidad de los alimentos para todos los presos”.
Sobre la acusación, en tanto, indicó que “el fiscal pide que se le impongan sanciones por los supuestos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad”, y especificó que estas conllevan 1 y 8 años de prisión, respectivamente. También transmitió su voluntad de que no se contraten abogados para afrontar el proceso legal, considerando que “todo abogado cubano que tenga capacidad legal va a corresponder con el Partido Comunista, es decir, la dictadura”. “No habrá garantías para mi esposo. Seguiremos exigiendo su libertad pues es inocente”, concluyó Ortega Tamayo.
Ferrer fue detenido en un operativo efectuado por unos 60 efectivos de las fuerzas de seguridad cubanas en las tres viviendas que constituyen la sede de la UNPACU -una de ellas la del líder opositor- en Santiago de Cuba. Los motivos de esta detención no se revelaron hasta el pasado 20 de noviembre.
Tanto la familia de Ferrer como activistas y organizaciones de derechos humanos, lo mismo que senadores de Estados Unidos, denunciaron que el régimen cubano ha maltratado a Ferrer. En concreto, desribieron torturas y aislamiento, y que le han negado la asistencia legal, lo cual “ofrece más pruebas de que los recientes cambios constitucionales en el país son un intento puramente cosmético de ocultar la actual represión”.
Por su parte, Marco Rubio, senador por el estado de Florida, indicó que “el Senado de los Estados Unidos está enviando un fuerte mensaje de condena después de la detención ilegítima de Ferrer". "Vamos a seguir levantando la voz contra los abusos de la dictadura contra miembros de la oposición y la prensa independiente”, agregó.
Ferrer es uno de los rostros más conocidos de la oposición cubana. Fue detenido durante la llamada Primavera Negra de 2003 por participar en el Proyecto Varela, ideado por Oswaldo Payá para conseguir por la vía de la iniciativa popular cambios legales que propiciaran una apertura política en Cuba, y condenado a 25 años de prisión.
El jefe de la UNPACU fue el último de los 75 detenidos en esa época en ser liberado. La mayoría aceptaron abandonar Cuba hacia Estados Unidos o Europa a cambio de su excarcelación, gracias a la mediación de la Iglesia Católica y del Gobierno español. Doce, incluido Ferrer, se negaron a aceptar lo que consideraban un exilio forzado, por lo que su salida de prisión llegó más tarde. En su caso, fue en 2011.
La organización Cuban Prisoners Defenders ha indicado que desde su esa liberación, “que no había sido tal porque se ha realizado con la pena vigente y la amenaza constante de volver a prisión” Ferrer ha sido detenido más de cien veces, lo que arroja una media de una vez al mes desde hace ocho años, “la mayoría de forma extremadamente violenta, con golpizas brutales, amenazas y asaltos a su casa”.
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