Dirigentes de Vox viajaron a Bolivia y cuestionaron la explicación del gobierno español sobre los incidentes en la embajada mexicana

El vicepresidente de la formación ultraderechista española, Víctor González, brindó su apoyo al gobierno interino y anticipó su intención de investigar en su país "los rarísimos eventos de estos últimos días por vías legislativas y judiciales”. También habló de un posible vínculo entre ex funcionarios del gobierno de Evo Morales y Podemos

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Dos eurodiputados de Vox, la formación ultraderechista española que se transformó en la tercer fuerza legislativa en las últimas elecciones, viajaron a Bolivia para brindar su apoyo al gobierno interino de ese país y cuestionar la explicación de la administración de Pedro Sánchez sobre los incidentes que tuvieron lugar en la residencia de la embajadora mexicana el pasado 27 de diciembre. También anticiparon que el partido impulsaría una investigación al respecto por “vías legislativas y judiciales” y vinculó a ex funcionarios del gobierno de Evo Morales con la fuerza de izquierda de su país, Unidas Podemos, parte del gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista.

En concreto, los funcionarios que formaron parte de la reunión fueron: por el lado de Vox, el vice presidente del partido, Víctor González y Hermann Terstch; y por el boliviano, los ministros de de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente.

Una vez finalizada, González y Terstch brindaron una conferencia de prensa, donde anunciaron que su partido llevará a cabo un informe que será público. “Hemos tenido una larga conversación con los ministros y salimos casi más preocupados viendo lo que es la gente que está dentro de la embajada mexicana, las responsabilidades que se les atribuye y sus posibles lazos con uno de los partidos que va a formar mayoría en España el 7 (de enero) si nada lo impide”, expresó González.

Según el gobierno boliviano, la encargada de negocios y el cónsul de España llegaron a la embajada de México junto con personal “encapuchado y presuntamente armado” de seguridad, con el objetivo de evacuar al exministro Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales desde que llegó al poder en 2006. En consecuencia, el gobierno de Jeanine Áñez expulsó del país a los dos diplomáticos españoles y a la embajadora mexicana en el país, María Teresa Mercado.

La presidenta interina Jeanine Áñez y la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric. Foto: REUTERS/David Mercado
La presidenta interina Jeanine Áñez y la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric. Foto: REUTERS/David Mercado

En contraste, España indicó que la encargada de negocios había realizado una “visita de cortesía” a la embajadora mexicana y rechazó “tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos” de Bolivia. También ha aclarado que “cualquier afirmación en este sentido” constituye “una calumnia dirigida a dañar” las relaciones bilaterales entre ambos países “con falsas teorías conspiratorias”. Y “en reciprocidad al gesto hostil” del Ejecutivo interino, declaró personas no gratas a tres diplomáticos bolivianos.

En otro pasaje de su declaración, González pidió que “esas personas declaren ante la Justicia" dada la necesidad de obtener “claridad para saber que vínculos hay entre Quintana y otros ex dirigentes y el partido Podemos”. "Sus dirigentes han estado en toda iberoamérica y también en Bolivia, haciendo un papel fundamental y remunerado. Queremos saber el alcance y vínculos posteriores y como se han desarrollado con personas que, a su vez, tienen vínculos con el narcotráfico”, agregó.

Juan Ramón Quintana. REUTERS
Juan Ramón Quintana. REUTERS

González aseguró además estar “impactado por los relatos” de los ministros bolivianos y anticipó su “compromiso de investigar hasta las últimas consecuencias por vías legislativas y judiciales”. “Queremos saber la relación de Pablo Iglesias, (Iñigo) Errejón, José Luis Monedero y el juez (Baltazar) Garzón con los señores escondidos en la embajada de México”, indicó. E hizo un llamado directo al gobierno mexicano a “entregarlos a la Justicia”.

No obstante, horas antes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su negativa a entregar a las nueve personas que recibieron asilo en la Embajada en Bolivia, pues “para México el derecho de asilo es sagrado”. “Que se haga valer el derecho de asilo, no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y luego se produjeron órdenes de aprehensión”, señaló el jueves en su primer conferencia matutina del año.

México tampoco no expulsará a ningún funcionario boliviano, ni tiene la intención de romper relaciones con el país sudamericano, según consignó el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, en diálogo con Infobae México.

En tanto, horas antes de la conferencia, el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia Wilson Santamaría había asegurado que el Gobierno del país “tiene claro que los lazos de amistad” con México y España “son inquebrantables”. También anunció el envío de un “alto representante” a su Embajada en España.

“Bolivia desea superar este impasse a la brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado. Para este cometido, el Gobierno Constitucional de Bolivia acreditará en la Embajada de Bolivia en Madrid a un alto representante diplomático”, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores boliviano en una nota oficial.

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