El senado chileno votó este miércoles a favor del juicio político contra el exministro del Interior y primo del presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, al considerarlo responsable de los sucesos ocurridos en los primeros días del estallido social que detonó el 18 de octubre, cuando el gobierno decretó estado de emergencia.
Chadwick fue encontrado culpable de dos cargos: haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo tomar medidas eficaces para evitar las violaciones de derechos humanos que tenían lugar durante las protestas y no haber mantenido el orden público; y declarar el estado de emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esa figura. De esta manera, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.
Chadwick fue removido de su cargo junto a un tercio de su gabinete en octubre, como una de las primeras medidas de Piñera para mitigar el estallido social que tenía lugar. No obstante, la medida no surtió efecto. Las protestas continuaron y solo comenzaron a bajar de intensidad luego de que las fuerzas políticas acordaran llamar a un referendum para redactar una nueva Constitución.
El exministro siempre defendió su inocencia: “Jamás en el ejercicio de mi cargo como ministro del Interior he realizado ni he dejado de realizar deliberada o no deliberadamente ninguna acción, ninguna medida para permitir el abuso o la violación de los Derechos Humanos de ninguna persona”, indicó en el Senado.
También recibió el apoyo de Piñera, una vez conocida la decisión: “Todo mi apoyo, cariño y solidaridad al ex ministro Andres Chadwich (sic). Un gran servidor público, con sólidos valores y una inmensa vocación de servicio por los demás. Y lo más importante, un hombre honesto y generoso y una persona íntegra y buena. Andres: gracias, muchas gracias”, expresó en Twitter.
No obstante, Piñera, que enfrentará el jueves una acusación similar en la Cámara de Diputados, reconoció el martes “atropellos a los derechos humanos” y anunció reparaciones para las víctimas. Ellas fueron dar apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad durante las protestas en Chile y el compromiso de alcanzar la verdad y la justicia. El Gobierno ya había anunciado una reforma a Carabineros tras los cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos.
El mandatario lamentó “la muerte de 24 compatriotas” (Human Rights Watch asegura que la cifra llega a 26) y las heridas que sufrieron miles de chilenos durante las protestas que estallaron el 18 de octubre, y destacó el compromiso de su gobierno para “prestar toda la asistencia que sea necesaria para aquellas personas que sufrieron las consecuencias de violaciones a los derechos humanos”.
Distintas organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, han denunciado abusos.
Dentro de las medidas de apoyo, Piñera hizo énfasis en el “Plan integral de recuperación ocular”: propuesto días atrás, brinda atención gratuita a cientos de personas con lesiones oculares, incluyendo la cobertura de prótesis en los casos que sea necesario, así como asistencia psicológica, y de inserción social y laboral.
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ascienden a 352 las personas que han sufrido lesiones oculares durante las protestas. En 21 casos la persona sufrió el estallido o la pérdida de su globo ocular, y dos perdieron la visión por completo.
Asimismo, el mandatario destacó iniciativas públicas para acompañar a mujeres que hayan denunciado violencia sexual y a jóvenes que denunciaron que sus derechos fueron vulnerados.
Piñera aseguró que trabajará durante el resto de su mandato -que culmina en marzo de 2022- para revisar la forma en que se regula el uso de la fuerza por parte de la policía, y señaló que buscará reestructurar los procesos de formación tanto de Carabineros como de las Fuerzas Armadas.
De hecho, el ministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel anunció la convocatoria a un consejo de Gobierno para estudiar una reforma del cuerpo de Carabineros.
Human Rights Watch denunció abusos y dice haber recabado “pruebas consistentes” de que el cuerpo policial de Carabineros “utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”.
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