La Policía boliviana activó este jueves una unidad especial antiterrorista, tras sospechar de una célula que podría estar capacitando a jóvenes para el uso de armas de fuego en conflictos sociales en alguna región de Bolivia.
“No vamos a permitir la presencia de terroristas”, advirtió el comandante departamental de la Policía boliviana en Santa Cruz, Miguel Mercado, la región oriental del país en la que aseguró que se tiene la “evidencia” de ese grupo.
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El Centro Especial Antiterrorista (CEAT), como se denomina esta unidad, cuenta con 80 miembros con “lo mejor” de la Policía boliviana en Santa Cruz, en palabras del comandante. Los integrantes de la unidad fueron presentados ante los medios en un cuartel policial de Santa Cruz fuertemente armados.
Mercado apuntó que estos policías realizarán principalmente labores de inteligencia, para detectar si la supuesta célula terrorista se hubiera desplazado de Santa Cruz a la zona del Chapare, en el centro de Bolivia.
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Esa zona cuenta con grupos de cocaleros que mantienen protestas contra el Gobierno interino de Jeanine Áñez, las pocas que siguen en el país tras cesar el resto de movilizaciones a favor de Evo Morales en virtud de un acuerdo en una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y una serie de organizaciones sociales.
El jefe policial apenas dio detalles de ese supuesto grupo, salvo que sus integrantes, incluidos extranjeros, podrían estar formando a jóvenes para el uso de armas de fuego contra las fuerzas del orden.
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El pasado 13 de noviembre, la Policía boliviana informó de que había identificado a un argentino ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte de los grupos que defendieron a Morales en la ciudad de Montero, en Santa Cruz. Cinco días después, el Gobierno interino informó de que Jeanine Áñez canceló ese día un viaje dentro del país por temor a un atentado, que atribuyó a un supuesto “grupo criminal” sin aportar más detalles.
La activación de la unidad antiterrorista coincidió con la derogación esta misma jornada de un decreto que otorgaba inmunidad penal a militares y policías en Bolivia.
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El decreto fue muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país, donde la violencia desde los comicios fallidos del 20 de octubre ha causado 35 muertos, muchos por disparos durante operativos militares y policiales.
Con información de EFE
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