Abusos sexuales, descargas eléctricas, quemaduras de testículos o amenazas de muerte a familiares. Son algunas de las extremas torturas a los que el régimen de Daniel Ortega somete a los presos políticos en Nicaragua, según recopiló un informe preliminar realizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ (CDHNN+), que fue presentado a la ONU.
La investigación se realizó con los testimonios de 17 víctimas directas, así como el análisis de cartas de siete presos políticos y 15 entrevistas brindadas en medios de comunicación, según explicó el diario La Prensa. El informe es una "pequeña muestra de lo que es la gravedad de la violencia del régimen", explicó Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo, que subrayó "claros patrones de represión que se repiten en la mayoría de los casos".
El reporte apunta que en todos los casos analizados se registraron interrogatorios realizados por autoridades y/o parapoliciales en los que se usó violencia física con puños, patadas, armas blancas y objetos contusos.
En los centros clandestinos, abundó el uso de torturas con pistolas eléctricas, anclas para colgar a los detenidos, vejámenes como desnudarlos frente a todos los oficiales presentes y amenazas de violación a ellos o a sus familiares, algunas de las cuales llegaron a materializarse. Otros métodos denunciados fueron asfixias, arrancamiento de uñas o quemas de planta de los pies, así como la llamada ruleta rusa.
"Después de un análisis y evaluación de los testimonios, documentos e imágenes en videos y fotos, logramos identificar a 20 torturadores, algunos con nombre y apellido. De otros tenemos características específicas, con lo que se puede llegar a identificar a esta gente como responsables directos de las torturas, para poder demandar y encontrar justicia en los diferentes casos", destacó Salvador Lulio Marenco, integrante del CDHNN+ que trabaja en Costa Rica con nicaragüenses exiliados.
Las víctimas indicaron que el objetivo de las torturas era conseguir información sobre los organizadores y participantes de las marchas opositoras al régimen sandinista, que crecieron con intensidad en el segundo semestre de 2018.
El informe titulado Volviendo a ser humano fue presentado a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Costa Rica.
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