
"El pueblo decidió por comprar armas y municiones, y nosotros no podemos negar lo que el pueblo quiso", dijo Jair Bolsonaro este martes en el Palacio del Planalto, tras firmar el decreto 9.685, que flexibiliza la tenencia de armas en Brasil.
El texto de la norma, que lleva la firma del mandatario, cita al Atlas de la Violencia 2018, un informe producido anualmente por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) y por el Instituto de Investigación Económica Aplicada. Utiliza sus estadísticas como referencia para definir la posibilidad de acceder a armamento.
En concreto, el decreto establece que tienen derecho a comprar quienes viven en áreas rurales o en ciudades de estados que tienen una tasa de diez homicidios cada 100.000 habitantes. La fuente es el Atlas.

Lo curioso es que el informe es categórico en que la mayor propagación de armas aumenta la violencia. Según sus datos, el 71,1% de los asesinatos en 2016 —último año disponible— fueron realizados con armas de fuego.
La investigación concluye que el aumento sostenido de los homicidios en Brasil desde 1980 se debe en gran medida a la mayor difusión del armamento, porque las muertes por otros medios permanecieron estables en el período.
"Esta es una apuesta por la violencia, ya que hay evidencias suficientemente robustas de que, cuantas más armas hay, más crímenes hay", sostuvo el FBSP en un comunicado citado por Veja.

Además, la institución afirmó que el Estatuto del Desarme aprobado por el Congreso en 2003 detuvo la carrera armamentista en el país y ayudó a que no crecieran tanto las muertes en los años siguientes. "De no ser por esa legislación, la tasa de homicidios habría sido aún mayor a la observada".
La flexibilización del acceso a la tenencia de armas ha sido una de las banderas de Bolsonaro, quien ha prometido mano dura contra la delincuencia en un país en el que tan sólo el año pasado fueron asesinadas 63.880 personas, una media de 175 por día.
La legislación actual ya permitía la posesión de armas a personas mayores de 25 años sin antecedentes penales y con una ocupación lícita, una vez que demostraran capacidad psicológica para su uso y justificaran su necesidad, un requisito que ahora será menos rígido. La medida, sin embargo, no flexibiliza portar armas en la calle.
El informe Atlas de Violencia 2018:
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